La Fiscalía reclama el archivo de la querella contra el exconsejero de Interior al descartar la «inacción» policial en la fuga de Puigdemont

Apunta así el fiscal que Vox «trata de responsabilizar» a Elena y a los mandos del operativo policial no sólo del «fracaso» al no haber podido detener a Puigdemont, sino que les atribuye «el dictado de concretas órdenes o instrucciones» para frustrar dicho arresto. Y subraya: «No consta indicio alguno de que por parte de los querellados se impartiese a los directos jefes de las unidades desplegadas orden o instrucción tendente a favorecer su inacción y, en consecuencia, a posibilitar el incumplimiento policial de la orden judicial de detención vigente sobre Puigdemont».

Vox también reclamó investigar al abogado del 'expresident', Gonzalo Boye, algo que también descarta la Fiscalía Superior de Cataluña, que apunta además que, del informe que el comisario jefe de los Mossos -entonces Eduard Sallent- sobre lo ocurrido aquella jornada, «en modo alguno se deduce» que Elena, o el resto de mandos del operativo, tuviera por objeto impedir u obstaculizar la –inicialmente- prevista detención y puesta a disposición judicial de Puigdemont.

Recuerda además el fiscal que el citado informe detalla que el objetivo del despliegue policial fue el de «preservar el normal funcionamiento de las instituciones y la pacífica celebración de la sesión de investidura prevista, objetivo que se considera cumplido en cuanto que dicha sesión pudo celebrarse sin incidencias destacables». En lo relativo a Puigdemont, el documento indica que «al momento de detectarse su presencia, su detención se consideró improcedente por hallarse rodeado por cientos de personas, y poderse en consecuencia producir una grave alteración del orden público». También que, como los Mossos admiten que en su «análisis razonable de los posibles escenarios», no se llegó a contemplar la eventualidad de que el expresidente, «con la actividad organizada de un grupo de colaboradores próximos», no llegase a incorporarse a la comitiva de autoridades, cargos públicos, militantes del partido y otras personas que se dirigieron al parque de la Ciudadella, a cuyas puertas los jefes policiales habían previsto practicar su detención, sino que optase por abandonar precipitadamente el lugar montado en un vehículo dispuesto 'ad hoc' para tal fin.

Descarta así el representante del Ministerio público que ni Elena ni ningún mando policial incurriesen en la omisión del deber de perseguir delitos, tal y como apuntan sendas querella. Por ello solicita su inadmisión. Lo mismo reclama el fiscal para las que presentó la entidad Hazte Oír contra el presidente del Parlament Josep Rull y el ya expresidente de la Generalitat Pere Aragonès. Precisamente, los escritos de la Fiscalía, firmados ayer, se dan a conocer el mismo día que el juez del Supremo Pablo Llarena ha pedido a los juzgados de Barcelona que investiguen un posible encubrimiento en la fuga de Puigdemont, tal y como informa Nati Villanueva.

En cuanto a la querella contra Rull, el fiscal apunta que no se le podría imputar la omisión del deber de perseguir delitos, ya que no es policía, ni juez, ni funcionario de la administración de justicia. En cuanto a una eventual desobediencia, Ariche indica que la orden de detener a Pugidemont se dirige a los miembros de las fuerzas de seguridad. «En consecuencia, no tratándose el aquí querellado de un funcionario policial (únicos y exclusivos destinarios como se ha dicho de la orden del juez) no podrá concluirse que haya incurrido en una abierta negativa a dar debido cumplimiento, en cuanto no se trata de un posible receptor de la orden cursada», reza el escrito.

Precisa el representante del Ministerio público que, «si bien es cierto que en un primer momento -la tarde del 7 de agosto- se puso alguna traba a la entrada de la fuerza policial en dependencias del Parlament, que tenía por objeto indagar si Puigdemont hubiera podido acceder prematuramente al mismo y ocultarse en su interior, dicha intervención sí pudo realizarse sin impedimento alguno en la mañana del día 8». Por tanto, «no consta en consecuencia negativa o desatención alguna por parte» de Rull «que tuviera por objeto entorpecer la actuación policial planificada al respecto».