La Fiscalía pide dos años y diez meses de prisión para Albiol por presunta prevaricación

«Resulta sorprendente esta acusación porque en ningún momento del procedimiento judicial absolutamente nadie ha afirmado que me hubiera trasladado la problemática sobre la instalación de estas antenas de telefonía», ha afirmado en un comunicado remitido a Europa Press después de que 'El Periódico' ha adelantado la petición de Fiscalía, que también quiere imponerle una multa de 9.500 euros.

Albiol ha defendido que «el permiso de instalación de unas antenas de telefonía es un procedimiento meramente técnico y administrativo» y ha reprochado que la acusación se haga pública a dos meses y medio de las elecciones municipales.

En octubre de 2021, el Juzgado de Instrucción 4 de Badalona terminó la investigación de esta causa sobre la instalación de unas antenas de telefonía móvil en verano de 2012.

En el auto que dictó entonces, el juez explicó que ante un problema de falta de cobertura en varias zonas de la ciudad, la telefónica Vodafone pidió al consistorio instalar una base de telefonía móvil, con una antena de 20 metros de altura.

Según constató juez al terminar la investigación, la solicitud se hizo «de manera informal, a través de un correo» del director de tecnología de la información del Ayuntamiento, que envió la petición al entonces delegado de la empresa municipal Engestur, también investigado en esta causa.

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El magistrado recordó entonces que esa instalación necesitaba una licencia urbanística y afirmó que la base se instaló en una finca a la que, de acuerdo con la calificación que tenía en el Plan General Metropolitano de Barcelona, no se le podía dar este uso.

Se trataba de una finca municipal, situada en las dependencias de la Policía Local de Badalona, por lo que «se exigía la tramitación del preceptivo expediente patrimonial», pero según el juez no se hizo ninguno de los trámites.

«De forma absolutamente paralela y análoga», en septiembre de 2012 Telefónica instaló una estación de telefonía móvil, según el juez con la autorización verbal de responsables del consistorio y presuntamente también sin la licencia necesaria.

Las dos bases se instalaron de manera provisional y funcionaron hasta 2018, cuando las propias empresas de telefonía las retiraron a petición del consistorio.

El juez instructor constató que el Ayuntamiento no recibió ningún pago por estas instalaciones y que las telefónicas no pagaron ningún cano por usar el espacio público, y señala que la instalación «era abiertamente contraria a la legalidad urbanística y medioambiental vigente en aquel momento».

Según un informe de la Oficina Antifrau que el juez mencionaba en el auto que cerró la investigación, el consistorio dejó de percibir 17.448 de euros por estas instalaciones, y remarcó que las dos infraestructuras se conectaron directamente al suministro eléctrico de la caserna de la Guardia Urbana aunque no ha esclarecido cómo y quién lo hizo.

Agentes y sindicatos de la Policía Local se quejaron de las instalaciones ante el investigado y entonces concejal de seguridad ciudadana y participación, que «era perfectamente conocedor de la ilegalidad de las instalaciones, ocultó dicha circunstancia a los responsables» del sindicato policial y les aseguró que eran legales.

Los sindicatos de la Urbana también presentaron quejas ante Albiol, por escrito y con una reunión presencial, pero no hizo «gestión alguna, aun informal, en relación a las solicitudes de información y retirada de las referidas antenas de telefonía», a pesar de tener competencias para conceder licencias y abrir expedientes de disciplina urbanística.

El juez cree que Albiol no ejerció estas competencias, y que tampoco lo hizo el entonces gerente del ámbito de territorio, «a pesar de que, o bien autorizó informalmente la instalación, o bien conoció la misma con posterioridad sin ejercer actuaciones formales o informales para poner fin a su existencia».