La Fiscalía pide el archivo de la segunda causa contra Shakira por fraude fiscal

Ahora también lo hace el Ministerio público, que insta al Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) a dar carpetazo a las pesquisas, después de la querella que el fiscal presentó contra la cantante, a la que acusó de eludir el pago del IRPF y el impuesto de Patrimonio, defraudando así 6 millones de euros, al simular la cesión de sus derechos a una empresa fantasma, cuando ya era residente en España.

Fue en julio de 2023 cuando el juzgado abrió esta segunda causa contra Shakira, quien entonces lamentó que, «una vez más, como viene ocurriendo durante los últimos años», se había enterado de la interposición de esta nueva querella a través de la prensa, ya que aún no se le había notificado. Además, defendió haber actuado «siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas». La cantante, a través de sus representantes legales, también acusó a a Fiscalía de afán recaudatorio y de «recurrir a medios indebidos para presionar, tal y como lo hacen a diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos».

Ahora la sección especializada de Delitos Económicos considera que no existen indicios suficientes respecto de la comisión de los mencionados ilícitos. Aún así, entiende que sí existe «una obligación tributaria» respecto del IRPF y el impuesto sobre el Patrimonio en 2018, que la artista podrá «hacer efectiva» a través de la Agencia Tributaria por la vía administrativa.

Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, Shakira alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, por el que admitió haber defraudado a Hacienda entre 2012 y 2014. Delitos por los que se enfrentaba a una petición de ocho años de cárcel. La cantante había rechazado pactar, pero, finalmente, al comenzar la vista en la Audiencia de Barcelona se declaró culpable ante el tribunal con un escueto «sí». Aceptó así seis meses de prisión por cada uno de los seis delitos de los que estaba acusada -un total de tres años, a sabiendas de que no entraría entre rejas-, y abonar una multa de casi ocho millones de euros.

El acuerdo «en el último momento», según detalló en un comunicado, obedeció a poder centrarse en su carrera y su familia, y evitarles así a sus hijos el mal trago de verla sentada en el banquillo durante doce sesiones, en las que estaba previsto que desfilasen 117 testigos y, en las que, presumiblemente, se hubiesen desvelado detalles de su vida personal. Ya que entre éstos estaban citados su conductor, dos ginecólogos, su profesor de zumba y su estilista.

Queda pendiente que ahora el juzgado de Esplugues resuelva la petición de archivo. Además, la cantante tiene otra causa pendiente, un contencioso administrativo, por los ingresos de su gira durante 2011, pendiente de recurso en la Audiencia Nacional. Al respecto, la defensa de la cantante apuntó que lo que le disputa Hacienda son sus primeros años de noviazgo con Gerard Piqué, como el citado año, cuando solo pasó 70 días en España, asegura, «sin tener en este país ningún vinculo más que el de unos días de romance».