Europa examina la inmersión: seis eurodiputados comprobarán en diciembre si se margina el castellano
La visita se produce en respuesta a una queja que la AEB presentó en la Eurocámara en 2017 en la que la alertaba sobre «el carácter perjudicial, injusto e ilegal de la inmersión»
La consejera de Educación: "Aqui estamos para colaborar o rebatir cualquier información"
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Once meses después de darle el visto bueno, la Eurocámara ha puesto fecha a su visita a la escuela catalana para fiscalizar el impacto en las aulas del modelo monolingüe impuesto por la Generalitat. Una delegación de seis europarlamentarios se desplazará a Cataluña los ... próximos días 18, 19 y 20 de diciembre para comprobar 'in situ' el efecto que la inmersión lingüística en catalán tiene para los alumnos castellanohablantes, especialmente para los alumnos con necesidades especiales y los que se incorporan al sistema educativo catalán llegados desde otras comunidades autónomas, países europeos o extracomunitarios.
La misión se produce como respuesta a la queja número 0858/2017 presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), entidad que defiende los derechos de los castellanohablantes, a finales del año 2017 ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo (PETI). En estos más de cinco años la AEB ha aportado documentación, testimonios y pruebas que demuestran la exclusión del castellano en las aulas catalanas y las perjudiciales consecuencias para la formación de los alumnos catalanes. Esta mañana, preguntada sobre la misión por los periodistas en la rueda de prensa de inicio de curso, la consejera de Educación Anna Simó ha asegurado que su departamento tiene "las puertas abiertas, y las de cualquier centro, para otorgar toda la información que quieran para contrastar o rebatir la información que les puedan dar" desde la AEB. Simó ha anunciado algunas medidas para reforzar el catalán este próximo curso 2023-2024, entre ellas que 800 centros iniciaran acciones concretas para potenciar la lengua autonómica y que se crearán en Barcelona ocho aulas de acogida exprés para que los jóvenes inmigrantes de 2º, 3º y 4º de ESO aprendan catalán antes de inmersionarse en los centros.
La entidad ha denunciado ante la Cámara europea que el régimen lingüístico educativo catalán vulnera algunos de los principios fundamentales de la Unión Europea como «el respeto al Estado de Derecho (artículo 2 del Tratado de la Unión Europea)» al incumplirse las sentencias de los tribunales que reconocen el derecho de los alumnos a ser escolarizados también en castellano«.
La entidad recuerda también que «la Unión Europea es contraria a la exclusión social y la discriminación, fomenta la justicia y la protección social y combate la desigualdad y la desprotección de los derechos del niño (art. 3.3 del Tratado de la Unión Europea)». «Asimismo, la UE declara que todas las personas son iguales ante la ley, prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de lengua y tiene que respetar la diversidad cultural y lingüística (artículos 20, 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea)», apunta la entidad, que preside Ana Losada, y precisa que «la discriminación de los castellanohablantes en Cataluña es contraria a todos esos principios».
«Restricción a la libre circulación»
En sus comparecencias ante la Eurocámara, la AEB traslado a los diputados comunitarios que «la discriminación lingüística a los castellanoparlantes que se da en los centros educativos de Cataluña supone una restricción a la libertad de circulación de los niños y de sus familias dentro del Estado» y que también desoye «las recomendaciones del Consejo Europeo relativas a la enseñanza en lengua materna, a la integración de niños con discapacidad en los sistemas de enseñanza y sobre multilingüismo».
En el curso del expediente, la AEB ha comparecido tres veces ante la Comisión PETI. Desde la primera intervención, en abril de 2018, los eurodiputados nacionalistas y de la izquierda española han maniobrado para conseguir el cierre de la queja y de la investigación.
En el año 2020, en la segunda intervención ante PETI2, la AEB solicitó formalmente la aprobación de la misión. Su petición se apoyaba en los resultados del informe de proyectos lingüísticos elaborado por la AEB en 2019 y que demostraban que no es posible estudiar en castellano en ningún centro público docente en Cataluña.
En febrero de 2023, la AEB advirtió a la Comisión de Peticiones que la Generalitat pretendía incumplir la ejecución de la sentencia que obligaba a todos los centros públicos educativos a impartir al menos un 25 por ciento de las asignaturas troncales en castellano y que el Gobierno de España se mostraba pasivo ante ese hecho.
Diez meses de campaña para evitarla
El 25 de octubre de 2022, en una tensa sesión de los coordinadores de PETI, se aprobó la misión. Desde esa fecha, los partidarios de la inmersión obligatoria han redoblado sus esfuerzos para evitar que la delegación se desplace a Cataluña: en febrero 2023 se intentó desprestigiar el hearing de expertos4; la Mesa del Parlament solicitó al Parlamento Europeo que revirtiera su aprobación; y se ha tratado de descalificar sin éxito ante la Presidencia del Parlamento Europeo a la presidenta de PETI, Dolors Montserrat, por su ideología.
La «Fact Finding Visit» (FFV) de la Comisión de Peticiones tiene como objetivo recopilar en Cataluña información y datos sobre las denuncias de la AEB sobre lo que ocurre en las aulas catalanas. La agenda de los tres días de visita de los seis eurodiputados será debatida y aprobada en las próximas semanas.
La AEB expresa su satisfacción por sus años de lucha y su iniciativa. «Sin ella, no hubiera sido posible la visita», afirman desde la entidad. Asimismo quiere destacar el apoyo a la petición de los grupos Renew Europe, Partido Popular Europeo y Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos.
Un punto de inflexión
La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña confía que esta visita «sea un punto de inflexión que sirva para acabar con el discriminatorio modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán que se fundamenta en razones políticas identitarias y nacionalistas, en ningún caso pedagógicas». «Estamos seguros de que los resultados y recomendaciones confirmarán el carácter perjudicial, injusto e ilegal del sistema educativo catalán que se basa en la exclusión del castellano, lengua mayoritaria de los catalanes, en la escuela desde hace más de tres décadas», concluye la entidad.
MÁS INFORMACIÓN
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