Dimiten en dos semanas los cargos de Illa que ejecutan las cesiones a los socios separatistas

Josep Manel Rosón Santín, secretario de Hacienda de la consejería de Economía i Finanzas de la Generalitat, dejó su cargo el pasado 3 de septiembre. A la vuelta de las vacaciones y cuando justo hacía un año que había sido nombrado.

Rosón, además de ser el número dos de la consejera Alícia Romero, era también uno de los principales puntales de la financiación singular catalana pactada por el PSOE y ERC. Su salida es significativa por el rol que asumió en los últimos meses de cara a la planificación del nuevo modelo de financiación que exigían los socios de Pedro Sánchez y que ERC les obligó a asumir, a cambio de su apoyo a la investidura de Illa.

Entre las funciones que tenía adscritas Rosón estaba la de supervisar la Agència Tributària de Catalunya (ATC), el organismo que se encargará de la recaudación de los impuestos en Cataluña con el nuevo modelo de financiación. La ATC es una pieza clave en toda la arquitectura.

Noticia Relacionada

ERC aprieta a Hacienda para que ceda en 2026 a la Generalitat el personal y el presupuesto necesario para gestionar el IRPF

Bruno Pérez

Lleva al Congreso una proposición de ley que prevé la delegación en cuatro fases de la gestión integral del Impuesto sobre la Renta a Cataluña

Su cese coincidió prácticamente en el tiempo, sin tener en cuenta el periodo vacacional, con el anuncio por parte del Govern de que los plazos pactados con ERC se dilatarían.

El 31 de julio, un mes antes de su dimisión –con agosto de por medio– el gabinete presidido por el socialista Salvador Illa presentó el Pla Director para el desarrollo de la Agència Tributària de Cataluña, que alejaba hasta 2028 la asunción de «determinadas funciones» en la gestión del IRPF, incumpliendo así la palabra dada a ERC. Los socialistas prometieron a Oriol Junqueras –que ha presentado una propuesta en solitario para la recaudación del IRPF–, que a lo largo de 2026 la ATC empezaría a asumir dichas funciones. Una versión que la Generalitat mantuvo hasta mediados de este año.

Fue a raíz de la reunión de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat, que se produjo a mediados de julio, cuando las dos administraciones fueron alejando la posibilidad de que eso se hiciera el año que viene, esgrimiendo que la ATC no tiene ni los medios físicos ni informáticos para asumirlo. En Esquerra la noticia cayó como un jarro de agua fría, obligándoles a asumir un nuevo incumplimiento por parte del Ejecutivo.

La otra dimisión, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) este mismo viernes, es la de Eva Torras Sagristà, subdirectora general de Relaciones con el Estado, dependiente de la Consejería de Presidencia que dirige Albert Dalmau.

La que ocupaba Torras hasta ayer era una posición clave en las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno. Más aún con carpetas sobre la mesa como la citada financiación, el traspaso de las Rodalies o de las competencias de inmigración. Las tres cuestiones eran exigencias de los socios separatistas, bien sea de Junts o de ERC, que el PSOE y el PSC asumieron como propias para asegurarse seguir en el poder. De ahí que su baja cobre una importancia especial en un momento de máxima tensión en Moncloa y el Palau de la Generalitat.

El cargo de la dimitida Torras dependía de la dirección general de Coordinación Interdepartamental, en manos de la exdiputada y exconcejala Mònica Lafuente, cuya labor principal es la preparación de todas las comisiones bilaterales con el Estado –la Comisión Bilateral Generalitat-Estat, la Comisión Mixta de Transferencias con el Estado, la de Asuntos Económicos y Fiscales y la Comisión Bilateral de Infraestructuras–.

El titular de esta subdirección, cuyo cargo queda vacante en un momento crucial para el cumplimiento de los pactos entre el PSOE y los separatistas, en el ecuador de la legislatura, está la de ejercer de secretaria de la Comisión Mixta de Transferencias, además del asesoramiento a los miembros del Govern o el apoyo en los procesos de traspasos de funciones y competencias del Estado al gobierno autonómico.

Las dos bajas en puestos claves de la Generalitat de Salvador Illa se producen a la vez que los socios del 'president' y de Pedro Sánchez suben el tono de voz ante los «incumplimientos» que, según denuncian, se están produciendo.

Con el horizonte del debate de política general en el Parlament, el segundo al que se somete Illa desde que llegó a la presidencia de la Generalitat, y que se celebrará entre el 7 y el 9 de octubre, los dos partidos independentistas elaboran ya su estrategia parlamentaria para poner frente al espejo a los socialistas.

Los de Carles Puigdemont, que este jueves se reunió con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sin que se produjera ningún avance en la relación, convertirán en propuestas de resolución todas las medidas que acordaron con el PSOE en octubre de 2023 y que sustancian el acuerdo de Bruselas. Un documento que lleva la firma de Jordi Turull y de Santos Cerdán.

Con ello, los posconvergentes quieren obligar al PSC a mojarse, haciéndoles asumir con una votación en el Parlament unas demandas que según Junts «boicotean y torpedean» muy a menudo. JxCat también aprovechará la cita en el Parlament para retratar la gestión de Illa al frente de la Generalitat, sin presupuestos y con movilizaciones por parte del sector educativo, y a su principal rival en las urnas, ERC, afeándoles que dieron sus votos al PSC gratuitamente.

Los de Oriol Junqueras, por su parte, registraron este viernes una proposición de ley para lograr que Cataluña tenga el control total sobre la gestión del IRPF. Una cuestión incómoda para Moncloa, ya que ha generado fuertes reticencias dentro del propio PSOE, empezando por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda que debe implementarla, María Jesús Montero, como por parte de la gran mayoría de barones que lo ven una amenaza directa a sus intereses electorales.

ERC y Junts también han trasladado en las últimas reuniones que han mantenido con los negociadores del PSOE su deseo de que Pedro Sánchez aparte a su número dos, María Jesús Montero, de las negociaciones referentes a las cesiones hechas a Cataluña en materia económica. La consideran «un obstáculo» que «impide» que se esté cumpliendo lo firmado.