La denunciante pide doce años de cárcel para Alves por la agresión sexual en una discoteca de Barcelona

En concepto de responsabilidad civil, la acusación particular reclama una indemnización de 150.000 euros -que Alves ya consignó ante el juzgado- por las lesiones físicas y psicológicas de la joven. Las primeras, recuerda el escrito, una erosión en la rodilla izquierda, con hematomas adyacentes, tras la agresión. Las últimas, tal y como certificó el forense, por la sintomatología ansioso depresiva, «compatible como respuesta a un hecho traumático», cuyo impacto es «significativo», con afectación en su área personal, socio-familiar y de salud física y mental. En la actualidad se encuentra de baja y recibe tratamiento psicológico.

En sus conclusiones provisionales, García también solicita que el juicio se practique «sin la presencia de público», que a la denunciante la acompañen profesionales de la oficina de atención a la víctima, y que se tomen las medidas necesarias para evitar su confrontación visual con el procesado.

La Fiscalía, por su parte, solicita una condena de nueve años por la violación en los baños de la zona VIP del local barcelonés. Hace unos días, la defensa de la víctima expuso que habían rechazado llegar a un acuerdo con el exlateral del Barça para evitar el juicio, ya que las secuelas que sufre la joven «son irreparables». Lo detalló así García, después de las especulaciones sobre un posible pacto, por el que el futbolista indemnizaría a la víctima y aceptaría los hechos, con una pena mínima de cárcel. Defensa y acusación, a instancias de la primera, mantuvieron conversaciones sí, pero éstas resultaron infructuosas por «las distintas posiciones respecto a la extrema gravedad de los hechos y las penas a imponer».

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Elena Burés

El futbolista seguirá en la cárcel hasta el juicio, ya que el tribunal considera que persiste el riesgo de fuga. Más ahora, cuando la Fiscalía pide para él una condena de nueve años de cárcel por la violación a una joven en una discoteca de la capital catalana

En un comunicado, la abogada también reprochó la publicación de informaciones «sesgadas o falsas» que buscan «incrementar el daño o la presión sobre la perjudicada». Lo hizo después de que 'La Vanguardia' desvelase que la denunciante había revocado la renuncia a ser indemnizada por el brasileño. Una renuncia que García formalizó ante el juzgado el pasado agosto, después de haberse negado la víctima, en su declaración en instrucción a principios de año, a recibirla. Y es que en aquel momento, la joven reclamó justicia y cárcel para su agresor, y se negó a percibir cualquier cuantía, pero entonces no era consciente de todo lo que iba a suponer su proceso de recuperación.

Fue a mediados de noviembre cuando la Audiencia de Barcelona decretó la apertura de juicio contra Alves, que se encuentra en prisión provisional desde el 20 de enero. Días después, la Sección 21 rechazó su tercera petición para salir en libertad, al considerar, no solo que existen indicios suficientes contra él, sino también que persiste el elevado riesgo de fuga. Los magistrados apuntaron que el argumento del arraigo que refirió Alves, «trayendo a sus hijos desde Brasil» para residir en Cataluña, se «confeccionó» 'ad hoc', tras conocer la resolución anterior que denegó por entonces su salida de la cárcel. «No se alega ninguna otra causa que permita llegar a la conclusión de que ha aumentado este arraigo», señaló el auto.

El brasileño, además, ha ido variando su versión de los hechos a lo largo de los meses. Pocas horas después del suceso, uno de sus representantes aseguró, preguntado por este diario, que Alves sí había estado en la referida discoteca pero «durante poco tiempo» y apuntó que «allí no había pasado nada». Finalmente, tras los indicios biológicos recabados por los Mossos d'Esquadra en los baños del local, el brasileño reculó y apuntó que sí había mantenido relaciones sexuales con la denunciante, pero que éstas fueron consentidas. Indicó que había mentido para tratar de ocultar la infidelidad a su pareja.

Su defensa, que entonces ejercía el penalista Cristóbal Martell, trató de apuntalar esa tesis con un pormenorizado análisis de las imágenes de la discoteca, para justificar que existió «galanteo sexual» entre su cliente y la denunciante, pero la Audiencia Provincial sostuvo en un auto, el pasado junio, que la valoración de las imágenes tendrá que llevarse a cabo durante el juicio. A pesar de ello, subrayó ya entonces que «el relato de indicios -contra Alves- es tan abundante» que «permite sostener la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual». Es más, los magistrados señalaron que aun cuando hubiese existido «un cortejo sexual entre dos adultos, no puede en modo alguno justificar una posterior agresión sexual».