Los defensores del bilingüismo acusan a Illa de atacar la libertad con su pacto por el catalán

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Daniel Tercero

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El paso dado por el líder del PSC y presidente de la Generalitat es la confirmación de que los socialistas se alejan, más aún, de la defensa del bilingüismo. Si Illa utilizó el español, aunque esporádicamente, mientras fue el líder de la oposición en el Parlament, lo 'olvidó' nada más llegar a la plaza de San Jaime. Si el PSC admitió hace unos años que el sistema de inmersión lingüística obligatoria en las aulas necesitaba una revisión para reforzar el bilingüismo, ahora refuerzan un modelo (fracasado, según los resultados) con más recursos y mayor presión para docentes y alumnos.

Así, las principales entidades a favor del bilingüismo en Cataluña han manifestado, al poco de conocer el contenido del pacto, su frontal rechazo a la iniciativa y han acusado al Govern de actuar en contra de la libertad de los ciudadanos y de imponer una lengua oficial (el catalán) sobre la otra (el español). Desde Impulso Ciudadano a Societat Civil Catalana, pasando por Convivencia Cívica y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), sin olvidar al PP y Vox, la posición común y generalizada ha sido que Illa y los firmantes del pacto actúan contra «los derechos fundamentales».

Impulso Ciudadano, entidad presidida por José Domingo, ha puesto el énfasis en advertir de que tanto los socialistas como los independentistas están utilizando la lengua como «instrumento de división, sometimiento ideológico y exclusión social» y los firmantes del pacto lo hacen con «la visión supremacista del catalán». De hecho, varios portavoces de entidades que han suscrito el acuerdo han distinguido, únicamente, entre catalanoparlantes y «recién llegados», porque no conciben al ciudadano catalán castellanoparlante, aunque la lengua mayoritaria de los catalanes sea el español.

Por su parte, Convivencia Cívica, presidida por Ángel Escolano, ha recordado que la iniciativa encabezada por Illa «es incompatible con el principio general de libertad lingüística y con la obligación que impone la jurisprudencia constitucional a las administraciones públicas de no mostrar preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales», tal y como fijó el Alto Tribunal en la sentencia que ajustó a la legalidad el Estatuto de Autonomía en 2010. Ambas entidades han anunciado que vigilarán las disposiciones que se acuerden derivadas del acuerdo y asesorarán jurídicamente a las personas afectadas.

La asociación que preside hasta finales de este mes Elda Mata, Societat Civil Catalana, ha concretado que el pacto por el catalán «es un proyecto de exclusión, un pago [del PSC] a ERC por su apoyo a la investidura de Illa» y han lamentado que «bajo el pretexto de salvar el catalán, el pacto es pura imposición lingüística en ámbitos como la enseñanza y la sanidad para erradicar el uso social del español». Y la AEB, liderada por Ana Losada, ha apuntado que lo suscrito este martes en Barcelona «no es un pacto, es un manual de imposición lingüística subvencionado con nuestros impuestos» y que pretende «laminar la sociedad catalana que es bilingüe».

Desde posiciones partidistas, Juan Fernández, portavoz del PP en el Parlament, ha sostenido que el líder del PSC «ha abandonado al constitucionalismo» y se ha puesto al servicio del «autoritarismo lingüístico». Los populares han recordado que con iniciativas como las del pacto por la lengua, sumadas a las imposiciones de los últimos años, se convierte al catalán en una «lengua antipática». «Salvador Illa y sus socios quieren seguir extendiendo e imponiendo esta dictadura lingüística y el catalán, que es una riqueza cultural incalculable, no debería utilizarse de forma excluyente», ha añadido Fernández.

Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña y secretario general de la formación que preside Santiago Abascal, no ha tenido reparo en situar a Illa entre los «separatistas» y ha defendido que «comparte agenda con ERC y Junts». Garriga ha indicado que el presidente de la Generalitat tendrá a Vox frente a estas políticas «para garantizar que el español esté presente en la vida pública, institucional y educativa». Y ha añadido: «¡Basta de utilizar nuestras lenguas para enfrentarnos! ¡Basta de imposición!».

Entre los objetivos fijados en el Pacto Nacional por la Lengua destaca el que espera conseguir un aumento del número de hablantes de catalán (idioma que no deja de crecer en número de hablantes) «en al menos 600.000» hasta 2030, es decir, un aumento de 100.000 personas cada año de media. De los más de 256 millones de euros al año que se destinarán a esta iniciativa, por ejemplo, más de 106 millones se destinarán al ámbito educativo (78 millones para aumentar el número de aulas de acogida para inmigrantes y españoles de otros punto del país que no entienden el catalán y son apartados de su clase unas horas al día para estudiar catalán).

A la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, que está deliberando a petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la ley y el decreto del Govern en tiempos de Pere Aragonès (ERC), aprobados para burlar la decisión de los tribunales que obliga a la Generalitat a aplicar a todo el sistema el bilingüismo o conjunción lingüística (es decir, que al menos una asignatura se imparta en una de las lenguas oficiales y se justifique que sea solo una), Junts y la CUP no se han sumado -de momento- al pacto por el catalán suscrito este martes en la sede del Institut d'Estudis Catalans y con Jordi Pujol como invitado de honor.