Parón al acuerdo Junts-PSOE por los cupos y el catalán para los inmigrantes

Ahora, aún sin acuerdo para los presupuestos, La Moncloa se ve en el brete de dar satisfacción a lo que suscribió casi como una patada hacia delante, para salvar una de las primeras votaciones de envergadura de la legislatura. Una cuestión que no es ni mucho menos sencilla, fundamentalmente por el conflicto competencial que implica, y porque incluso superado ese escollo estaría por ver su encaje en la Constitución.

Los independentistas de derecha, sin duda no ajenos a la presión que implica la presencia en el Parlament de la emergente Sílvia Orriols, líder de la formación de derecha radical (y separatista) Aliança Catalana, aprietan con sus reivindicaciones de máximos. Fundamentalmente dos, el control exclusivo de los cupos y la exigencia a los inmigrantes de saber catalán. En román paladino, que Cataluña pueda decidir de manera autónoma, sin encomendarse para nada al Gobierno central, quién entra o quién no en su territorio, y que en los procedimientos para regularizar la situación en suelo español, e incluso para obtener la nacionalidad, pueda exigirse el conocimiento del catalán, lengua cooficial junto al castellano en esa comunidad autónoma.

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Daniel Tercero

El Gobierno estudia la manera de contentarles, sin rebasar el ámbito competencial, que ni siquiera el artículo 150.2 de la Carta Magna permitiría, pues ese precepto constitucional habla del traspaso de competencias del Estado que «por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación», lo que no parece a ojos de muchos el caso de la inmigración, que precisamente el Gobierno pretende regular a nivel nacional mediante la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, para el reparto de inmigrantes entre las distintas autonomías. Se trata de una modificación que no pudo ver la luz en el Congreso de los Diputados el pasado verano por la oposición de la derecha, incluida Junts, en pleno conflicto por los casi 6.000 menores que esperan en Canarias para tener un lugar al que acudir.

El Ejecutivo admite que hay varios escollos, pero confía en cerrar un acuerdo en las próximas semanas. Unas dificultades vinculadas al problema del reparto de competencias, tal y como ayer reconocía en la Ser el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que prometía «poner toda la carne en el asador» para sacar adelante un acuerdo con Junts que requiere el apoyo del resto de grupos que sustentan al Gobierno en el Congreso.

Para Junts, «toda la carne en el asador» significa cumplir de manera estricta con lo que significa el concepto traspaso integral, es decir, asumir todas las competencias. Desde la formación independentista, en este sentido, se ha dejado claro que lo que no va a hacer la Generalitat es ejercer de «ventanilla única» del Estado, de modo que sea el Gobierno el que decida la política migratoria y la administración autonómica la que la ejecute por delegación. Lo expresaba con claridad el secretario general de Junts, Jordi Turull, hace pocas semanas: «No es un debate sobre qué política de inmigración ha de hacer cada Gobierno, es un debate sobre los instrumentos que tendrán [cada Gobierno] y, en este caso, la Generalitat de Cataluña tendrá todos los instrumentos para hacer una gestión integral de la inmigración». Míriam Nogueras, la cara de Junts en Madrid, reconocía el quid de la cuestión, con Aliança Catalana de fondo y en consonancia con el giro de Junts en esta materia, con algunos alcaldes ejerciendo de punta de lanza: «Lo importante es que ante el reto demográfico podremos dar una respuesta catalana porque tendremos los instrumentos para hacerlo todo desde Cataluña, esto es lo que nosotros queríamos». La encuesta más reciente del oficial Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) otorga al partido surgido desde Ripoll (Gerona) entre seis y siete diputados frente a los dos actuales, un avance igual al retroceso de Junts.

Las palabras de Turull y Nogueras se pronunciaron cuando el acuerdo parecía encarrilado y hasta el propio Salvador Illa se felicitaba por ello en el Parlamento catalán, un optimismo que se truncó en los días siguientes, cuando Carles Puigdemont desde Bruselas (9 de diciembre) pintó con brocha de realismo el verdadero estado de la negociación, exigiendo una cuestión de confianza a Pedro Sánchez y denunciando que no había avances en lo pactado, y que, en concreto, el traspaso de inmigración, pese a lo hablado, estaba «encallado».

La reticencia del Gobierno a ceder unas competencias que la Constitución otorga al Estado fueron replicadas por el expresidente fugado, que en TV3 dejaba claro que «gestionar toda la política migratoria» pasaba por «el control de fronteras, la expulsión y los permisos de residencia de larga duración». En definitiva, «una política catalana propia» que ahora mismo se antoja imposible de aplicar sin saltarse por ejemplo preceptos tan nucleares como el de la libertad de movimiento de personas entre regiones.

Aunque desde Junts se ha querido trasladar que el traspaso de competencias en inmigración es una carpeta aparte de la negociación de las cuentas para 2025, no es ningún secreto que una cosa va después de la otra, y que con el primer asunto «encallado» el siguiente difícilmente podrá abordarse con realismo.

El enfado en Junts es evidente, ya que si otros asuntos pendientes se asume que ya no están en manos del Gobierno, como por ejemplo la aplicación efectiva de la amnistía al propio Puigdemont, la demora en otros casos, como el de la inmigración o el reconocimiento del catalán en Europa, se achacan a la morosidad del Ejecutivo. En los próximos días o semanas se verá la ya probada capacidad de Pedro Sánchez para dar satisfacción al partido de Puigdemont, instalado en la paradoja de arrancar al Ejecutivo competencias que, en realidad, acabará ejerciendo Salvador Illa.