El Consejo de Europa alerta de «malos tratos» en cárceles y comisarías de Cataluña

Así consta en el documento de 74 páginas, que se ha hecho público este jueves, sobre el tratamiento a los arrestados en comisarías y centros penitenciarios de la comunidad. Unas conclusiones que el Comité Europeo elabora tras visitar los lugares de detención de los Estados para luego enviar las recomendaciones pertinentes al Gobierno correspondiente. En el caso de dependencias policiales, la delegación se desplazó hasta las de Les Corts y Ciutat Vella (Barcelona), en el caso de los Mossos, a los calabozos de la Ciudad de la Justicia (Hospitalet), al cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gracia, así como a la comisaría de la Policía Nacional en La Verneda.

En cuanto a las cárceles, visitaron, entre noviembre y diciembre de 2024, Brians, Lledoners, Quatre Camins, el centro de jóvenes, y el Hospital Penitenciario de Tarrasa. Ahora, el organismo ha expresado su «preocupación» por algunas denuncias de malos tratos por parte de algunos detenidos, así como de algunos reclusos, ya que, a pesar de que la «mayoría» de entrevistados durante la visita alegaron haber sido tratados «correctamente», hubo «varios» individuos que denunciaron «malos tratos físicos» como «bofetadas, puñetazos y golpes con porras» durante la detención o durante el traslado a comisaría. Por eso piden que los mandos policiales difundan entre la plantilla el mensaje de «tolerancia cero» ante los maltratos.

El informe, elaborado por los miembros de la delegación -Gunda Wőssner, Tom Daems, Vincent Delbos, Vanessa Durich Moulet, Imants Jurevičius y Aleksandar Tomčuk-, alerta además de que los detenidos son habitualmente sometidos a los exámenes médicos pertinentes «estando esposados» y en presencia de agentes policiales, una práctica que, a su juicio, debería erradicarse. De hecho, recomienda que se «preserve la dignidad de la persona», y que los agentes «nunca deben realizar registros de cavidades». En opinión del comité, «estos exámenes sólo deben ser realizados por un médico, y en condiciones que respeten la seguridad física y la dignidad humana».

Además, en sus conclusiones, critica las «malas condiciones materiales» que imperan en las celdas de detención policial. Así, emite la siguiente recomendación: «El Comité Europeo contra la Tortura insta al Ministerio del Interior español y a las autoridades regionales de Cataluña a que se esfuercen por mejorar las condiciones materiales en los centros de detención de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra». Lo hacen ante las deficiencias estructurales detectadas, relativas a la falta de acceso a luz natural, ventilación adecuada, agua y timbres de llamada, que ahora mismo se dan en las celdas.

En cuanto a las prisiones catalanas, el informe también advierte de algunas prácticas de «malos tratos» o «uso excesivo de la fuerza» por parte del personal penitenciario con «bofetadas, puñetazos o golpes con la porra» y reclaman a las autoridades que garanticen una mayor supervisión, una mejor formación sobre medidas de control y también un registro «más preciso» de las lesiones. Aún así, el organismo aprecia «ciertas mejoras» en las condiciones de los presos alojados en los módulos de aislamiento. Entre estas, destacan la reducción de los periodos medios de detención y la mayor presencia de personal especializado.

Por el contrario, reprochan el «reducido» nivel de atención psiquiátrica que ofrecen las prisiones a aquellos presos que padecen trastornos mentales. «Las autoridades tienen que intensificar sus esfuerzos para ofrecer más actividades de rehabilitación a los presos en régimen cerrado y reducir el uso desproporcionado de medidas de contención como esposar de forma sistemática a ciertos presos durante todos los movimientos fuera de la celda», recomiendan desde el organismo.

Otro de los asuntos donde ponen el foco en lo relativo a las prisiones es en la fijación mecánica de determinados presos, ya que consideran que esta práctica sigue siendo una «problemática» de las cárceles catalanas pues supone un «riesgo de malos tratos». Ponen como ejemplo de ello que hay reclusos que son retenidos boca abajo y reciben inyecciones intramusculares a la fuerza por parte del personal sanitario.

Además, creen que existe «riesgo» de que en dichas prisiones se recurra a este tipo de fijación por razones «punitivas» llegando incluso a aplicárselo a presos con trastornos mentales sin las garantías pertinentes en términos de registro, informes o supervisión médica.

«La fijación mecánica debería abolirse y si se aplica, solo debería implementarse en un entorno médico», inciden, al tiempo que animan a las autoridades a explorar alternativas como que los presos agitados y violentos sean ubicados en celdas acolchadas. Por último, en lo relativo a los centros de menores, el informe expresa la «satisfacción» del comité con las condiciones de los mismos en cuanto a la detención, el ambiente y la «variada» oferta de actividades, aunque advierte de ciertas denuncias relacionadas con un «uso excesivo de la fuerza» por parte del personal de seguridad privada contra los menores de los centros.

Por tanto, el Consejo de Europa considera que las autoridades deberían ejercer una «mayor supervisión» sobre la selección y la formación de este personal.

Tanto el Ministerio del Interior como la Generalitat catalana han respondido a este informe poniendo en valor las prácticas de sus departamentos y los mecanismos ya establecidos para evitar este tipo de dinámicas y asegurar que la labor policial o penitenciaria se realice siempre acorde con los Derechos Humanos. Aún así, dejan claro que tendrán en cuenta las recomendaciones lanzadas desde el Comité Europeo y continuarán adoptando un amplia gama de medidas para aplicarlas. Estas incluyen por ejemplo la implementación de programas especializados para la gestión de reclusos violentos y disruptivos, reduciendo la aplicación de medidas de fijación mecánica o también el desarrollo de actividades para que los agentes mejoren sus técnicas de control manual y la aplicación de medios de contención en la detención policial.

También destacan la contratación de más personal penitenciario, 407 funcionarios según explican, así como la plena puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones de formación para los mismos.