El Supremo avaló, con Sánchez en el Gobierno, el espionaje del CNI a Pere Aragonès ante la sospecha de que lideraba los CDR

Según los mismos interlocutores, los documentos cuentan con bastantes partes tachadas, por lo que no se pueden leer en su totalidad, aunque sí apuntan que Aragonés se habría encargado de dirigir las facciones de los CDR siempre al margen de su labor institucional. Aunque no será hasta este viernes cuando el 'president' se pronunciará sobre el contenido de los autos, desde su entorno consideran que la justificación del CNI para intervenir su móvil está fuera de toda realidad y reprochan que se trata de invenciones inverosímiles.

Ha sido esta misma mañana cuando el juez de Barcelona que instruye el caso ha recibido los documentos, una vez el Gobierno autorizó su desclasificación parcial. Todo ello, la víspera de que la exdirectora del CNI Paz Esteban declare como investigada por el espionaje al político republicano con el 'software' israelí. Lo hará desde Madrid, por videoconferencia.

El espionaje, según apuntó Aragonès en su declaración ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, se habría producido coincidiendo con momentos de «especial relevancia política», como la formación del Govern; las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, en 2020, así como las de los Presupuestos y la Mesa de Diálogo. Negociaciones en las que Aragonès ejerció como «máximo representante de ERC».

Entre 2015 y 2020, hasta 65 políticos y activistas soberanistas habrían tenido su teléfono infectado con el programa espía, según un estudio que publicó Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto (Canadá). Las sospechas se dirigieron hacia el CNI, ya que este programa sólo se vende a agencias gubernamentales. La entonces directora del Centro, Paz Esteban, que compareció a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, reconoció que sí habían monitorizado a 18 personas, siempre con autorización judicial. Entre los políticos que el CNI admitió haber espiado figuraba Aragonès, pero en la época en la que aún era vicepresidente.

Fue el pasado 16 de enero cuando el Consejo de Ministros aprobó la desclasificación parcial de documentos de la Inteligencia española sobre el espionaje con Pegasus a Aragonès, aunque el pasado diciembre, la ministra de Defensa ya avanzó que dicha desclasificación, a petición del juez, era «bastante probable». Sin ella, Esteban no podría declarar, ya que la ampara la Ley de Secretos Oficiales. Este miércoles, finalmente, el Gobierno remitió al juez Santiago García la autorización para que pudiese reclamarla.

Además de esta causa, otros políticos republicanos también han llevado ante el juzgado el supuesto espionaje que habrían sufrido con el mismo programa. Entre ellos, el exvicepresidente del Parlament y actual 'conseller' de Empresa, Roger Torrent, y el presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, cuya querella fue archivada de forma provisional y que el Parlament ha recurrido.