Casado admite ante el juez que sacó de los medios sus declaraciones sobre la escuela catalana

Fue en diciembre de 2021 cuando el Govern formalizó la queja contra Casado después de una intervención tras la junta provincial del PP que se celebró en A Coruña (Galicia). Tras dichas declaraciones, la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, anunció la interposición de la querella el entonces líder del partido, al entender que «hay líneas rojas que no se pueden cruzar» y que las palabras del popular eran «falsas» y atacaban al «conjunto del profesorado».

Esta mañana, en una declaración por videoconferencia que se ha alargado durante una hora, Casado ha señalado que no verificó el contenido de las publicaciones periodísticas que citó y ha recordado el contexto en que las pronunció, en plena polémica por el acoso a una familia de Canet de Mar (Barcelona), después de haber ganado en los tribunales que su hija pudiese estudiar una asignatura más en castellano -el 25 por ciento del tiempo lectivo-.

Además del caso de Canet, Casado también ha recordado el señalamiento que sufrieron algunos hijos de guardias civiles en una escuela de Sant Andreu de la Barca, tras la celebración del referéndum ilegal en Cataluña y ha subrayado que sus manifestaciones sobre la escuela catalana estaban amparadas por la inviolabilidad parlamentaria, de la que gozan los diputados.

El exlíder del PP también ha defendido que las declaraciones objeto de la querella no fueron afirmaciones, sino una serie de «preguntas retóricas» dirigidas a los partidos responsables de la gestión de la educación en Cataluña, basadas en información veraz publicada, accesible y no desmentida ni denunciada por los querellantes.

Una de esas preguntas fue: «¿Se puede tolerar, de verdad, que a un niño de cinco años se le pida apedrear, aislar en clase?». Casado la formuló después de que varios diarios si hiciesen eco del apunte en redes sociales de un profesor universitario que señaló: «Me apunto a apedrear la casa de este niño, que se vayan fuera de Cataluña, no queremos supremacistas castellanos que nos odien», en relación a la familia de Canet.

Javier Pulido, padre de la menor de esta localidad, explicó entonces a ABC: «la Generalitat espoleó a la gente contra nosotros con fines partidistas por reclamar un derecho, y eso es muy irresponsable».

La segunda pregunta retórica objeto de denuncia fue: «¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano?». Casado alega que en ningún caso acusó a todos los docentes, sino que cuestionó si era aceptable que existan instrucciones para que algunos se vean «forzados a hacerlo».

En este caso, su afirmación se basó en la publicación de un diario en el que la monitora de una escuela de Barcelona denunció que su superior le había exigido no responder a los menores en castellano aunque le pidiesen ir al lavabo. Por todo ello, el expresidente del PP considera que su denuncia fue lícita y amparada bajo la libertad de expresión. Considera así «surrealista» que se le pretenda imputar un delito de odio, cuando su intención fue, según ha alegado, defender a las víctimas del odio.