La intención, «tratándose de un nuevo escenario procesal», reza el texto consultado por ABC, es «intentar defenderse de unas acusaciones evidentemente compensadas, bonificadas o pagadas, como serán las que se van a realizar». El abogado expone que ambos tienen la finalidad de incriminar a Borràs, acusada de prevaricación y falsedad documental, por el presunto fraccionamiento de contratos para adjudicarlos a Herrero, cuando ésta presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
El Ministerio público pide para ambos seis años de cárcel, pero ahora, al haber alcanzado un acuerdo para inculparla, la pena para él podría ser menor. El tercer acusado, Pujol, se enfrenta a tres años de prisión por la elaboración de facturas para enmascarar las supuestas adjudicaciones irregulares.
En su escrito, Boye pide al TSJC que durante el juicio le permita intervenir en el último lugar tras los otros dos abogados, al considerar que sus clientes «se han transformado en co-acusadores junto al Ministerio Fiscal». Sostiene así que ésta es «la única forma de garantizar, mínimamente» el derecho de su defendida.
La primera sesión del juicio comenzará este viernes con las cuestiones previas. No será hasta el próximo 20 de enero, cuando se prevé la declaración de los acusados.
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