Bloqueo en los tribunales: «No puedo celebrar ningún juicio»

Será este próximo marzo cuando Colau tendrá que declarar como investigada por presionar y multar al fondo. «Hay juzgados que están colapsados y los procedimientos se alargan durante dos o tres años», reprocha la abogada de Vauras, María José Tarancón. Ahora, ese colapso se ha visto agravado por la huelga indefinida que los letrados de la Administración de Justicia comenzaron el pasado 24 de enero.

«Sin ellos los juzgados no funcionan», apunta Tarancón, que esta semana recorrió 300 kilómetros, una ida vuelta de Barcelona a Tortosa, tras la suspensión de un juicio, precisamente, por la huelga. De los letrados judiciales depende la actividad del juzgado. «Son los encargados de la fe pública judicial. Ellos son los directores de la Oficina Judicial y sin ellos yo no puedo celebrar ningún juicio», explica a este diario José María Asencio, al frente del Juzgado Penal 11 de Barcelona. Durante estas semanas, calcula, ha tenido que suspender el 90 por ciento de los juicios señalados. «Lo único que he celebrado son causas con preso», indica, uno de los supuestos incluidos en los servicios mínimos.

«La afectación es bastante desigual. Hay algunos juzgados que no tramitan absolutamente nada. Dicen que se dedican a lo urgente pero no sé que concepto tienen de urgencia, porque en algunos se tramitan cláusulas suelo y no incapacidades», reprocha la abogada Meritxell Cabezón. Y es que ella representa a una anciana, sometida a un importante chantaje emocional por parte de un familiar. «Se ha instado una medida protectora, por parte de los sobrinos, para que no desaparezca su patrimonio. Llevamos tres meses de espera y no tengo ni la demanda admitida, con una solicitud de medida cautelar», explica, «cuando el supuesto chantajista la ha trasladado ya de Barcelona a Logroño, ¿esto no es urgente?».

El paro de los letrados ha supuesto también el bloqueo de 530 millones de euros en pagos. Y es que ellos son los responsables de las cuentas de consignaciones y depósitos. «Dinero pendiente de entregar a los ciudadanos, entre otros, de indemnizaciones o pensiones de alimentos», explica Lourdes Escoda, letrada del Juzgado de Instancia 55 de Barcelona. Los motivos de la protesta se remontan a 2010, cuando estos profesionales asumieron funciones procesales, en descargo de los jueces. Entonces, el aumento de su retribución quedó paralizado por los efectos de la crisis económica. El pasado abril, el Ministerio de Justicia se comprometió, por escrito, a efectuar el incremento salarial, pero luego se echó atrás. La carga de trabajo, y el incumplimiento del ministerio, les han llevado a la huelga.

«Somos una pieza indispensable. Del juzgado no sale un papel sin que nosotros lo hayamos firmado. Somos los notarios del procedimiento», apunta Jaume Herraiz, coordinador de los lajs de Gerona.

También realizan las investigaciones de solvencia económica de los demandados y ejecutan los embargos. Gestionan las subastas y se encargan de la recogida de tasas que se deben pagar a Justicia. Es más, son necesarios también para comunicar, de manera oficial, la suspensión de las vistas. «Como están en huelga, no se puede dictar esa resolución, porque las providencias tienen que llevar también su firma», indica el juez Asencio. Dicha imposibilidad genera perjuicios a las partes. «Es una pérdida de tiempo y de dinero, todo son costes», constata Tarancón, que en los últimos días ha sufrido la suspensión de unas periciales, unas testificales y el juicio de Tortosa.

Para tratar de minimizar la afectación, algunos jueces avisan a las partes por correo electrónico el día anterior. Algo «extraoficial e informal», apunta Asencio. Algunos abogados llaman al juzgado la misma mañana del señalamiento para saber si finalmente la vista se celebrará. «Si no acudo, me darían por no presentada», apunta Tarancón. Pero esa poca antelación conlleva realizar, igualmente, tanto «la preparación de la vista como los desplazamientos» para nada, recuerda la abogada Cabezón.

Entre los afectados por el paro, también los peritos judiciales. Pilar Comalada, que ejerce como tal en Gerona, se enteró de la suspensión cuando estaba en el AVE, camino de Madrid. «El día antes llamé al juzgado, al Mercantil 15, y me dijeron que sí se celebraría, pero cuando salía del tren me llamó el abogado para decirme que se había suspendido. Si no nos avisan con antelación, nosotros realizamos el desplazamiento, asumimos un coste y modificamos la agenda para nada. Uno o dos días antes tú te machacas para preparar el juicio. Conlleva un perjuicio muy importante», reprocha.

A largo plazo también habrá consecuencias, porque se tendrán que volver a agendar todas las vistas suspendidas, lo que supondrá una sobrecarga para unos juzgados, ya de por sí, saturados. «En mi caso, hablamos de una veintena de juicios a la semana. ¿Cuándo señalaremos estos procedimientos? Va a ser muy complejo y la Justicia será todavía más lenta», certifica el juez.

Comalada recuerda que durante las restricciones por la pandemia también sufrieron una interrupción de los procedimientos, pero «a nivel de instrucción penal, la violencia quedó paralizada y ahora no. La delincuencia sigue y que se suspenda un juicio penal supone un retraso en las causas», constata la perito.

«Cuando nosotros presentamos nuestro informe, recibimos el certificado firmado por el laj, pero al estar en huelga, no podemos presentarlo ante el Departamento de Justicia. Es un procedimiento que queda abierto y se van complicando las causas», lamenta.

Según los datos de los propios letrados de justicia, su protesta se ha saldado ya con la suspensión de unas 160.000 juicios y vistas en toda España. Después de una reunión infructuosa con el ministerio que dirige Pilar Llop, el pasado jueves, la protesta continuará, de forma indefinida, hasta que alcancen las mejoras laborales que reclaman. «Hemos demostrado que hemos desempeñado con competencia, responsabilidad y compromiso las nuevas funciones que asumimos hace 13 años. Tras la crisis, nuestros sueldos tienen que adecuarse a estas nuevas responsabilidades», esgrime Escoda, que apunta que el seguimiento del paro es del 70 por ciento de estos profesionales, y advierte: «No pararemos hasta obtener lo prometido y hasta que el ministerio ponga una solución sobre la mesa».

Esta letrada de la Administración de Justicia reprocha que es la cartera de Llop la que, con su cerrazón, «está alargando innecesariamente este conflicto en perjuicio de los ciudadanos». Así lo secunda Herraiz, que reprocha que el secretario de Estado del ramo, Tontxu Rodríguez, haya acusado al colectivo de movilizarse con «motivaciones políticas». «Lo que reclamamos es la adecuación salarial», subraya.

«El ministerio defiende que se han reunido hasta en 30 ocasiones con nosotros. Pero una vez alcanzado el compromiso del pasado abril –que incumplieron– comenzaron a desoír nuestras demandas», argumenta el letrado judicial.

Por este motivo, a finales de noviembre, convocaron los primeros paros. «Pensamos que ese aviso sería suficiente para que se pusiesen manos a la obra», apunta, pero no fue así. Desde Justicia, «ni se dignaron a contestar a nuestras peticiones. Pensamos que todo se podría arreglar con diálogo, pero la sensación que tenemos es que al ministerio le importa muy poco que, durante tres semanas, la Administración de Justicia haya estado colapsada, que se hayan suspendido juicios, dejado de pagar indemnizaciones, que los procedimientos estén paralizados...Nos cuesta entenderlo», sostiene el coordinador de los letrados de Gerona. «Si ya tenemos un colapso importante ahora, no quiero imaginarme si seguimos dos o tres semanas más de huelga», advierte.

La actitud del ministerio, que culpa a los convocantes de abandonar la mesa de negociación, ha indignado al cuerpo de letrados. «El maltrato, el menosprecio, ignorarnos de esta manera, no es el camino para alcanzar un acuerdo», sostiene Herraiz.