Casa Orsola, choque de intereses entre inquilinos y propiedad

Ante ello, varios de los inquilinos afectados se organizaron, decidieron no ir a ninguna parte y exigieron a los nuevos propietarios, a los que acusan de ser un "fondo buitre" y de ser especuladores, que renovaran los contratos durante siete años y con la misma renta. Además, consideran que están ante un claro ejemplo de la gentrificación que están sufriendo algunos barrios de Barcelona.

Este caso simboliza uno de los grandes temas que suele protagonizar los tira y afloja de la política municipal. Por un lado, están los vecinos afectados, junto con diferentes activistas y personalidades públicas, cuyas protestas representan la voz de aquellos que luchan por acabar con los desahucios, con la especulación inmobiliaria y con aquel tipo de política que, dicen, mira por los intereses de los grandes propietarios sin ninguna perspectiva social. Por otro lado, están aquellos que defienden que la ley está para cumplirse, que no se está cometiendo ninguna ilegalidad y que la empresa está en su derecho de adquirir propiedades e intentar sacar beneficio de ellas.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, forma claramente parte del primer grupo. Y es que tal fue el revuelo del caso Orsola, que la líder de Barcelona en Comú decidió intervenir y enviarle una carta a Lioness Inversiones pidiéndoles que renovasen los contratos, que pararan las reformas de los pisos que quedaron vacíos para alquilarlos luego con contratos de temporada, y que los incluyesen en la bolsa social del Ayuntamiento. «Expulsar a los vecinos para ofrecer alquileres de corta duración a precios muy superiores a la capacidad adquisitiva de la población no es el modelo que necesita la ciudad», expresaba en la misiva.

Los vecinos montaron este sábado una concentración reivindicativa frente a las viviendas a la que acudieron centenares de personas e hicieron circular por las redes un vídeo en el que varias personalidades del mundo de la televisión, la cultura y el cine mostraban su solidaridad. Además, contaron con el apoyo de varios activistas sociales cercanos a Barcelona en Comú.

Ante lo que consideran acoso, los servicios jurídicos de la empresa, liderados por la abogada María José Tarancón, explican a ABC que «aún estamos preparando la demanda contra la alcaldesa y el Ayuntamiento por prevaricación, acoso, coacción, difamación, y por colaborar con el Sindicat de Llogaters y los vecinos o activistas implicados en la presión» a la propiedad.

Además, también llevarán a juicio a los vecinos que ya han ocupado dos viviendas, pues la abogada considera que "no son familias en riesgo de exclusión social ni personas vulnerables". También contemplan la posibilidad de denunciar al Sindicat de Llogaters. Afirman, defendiéndose, que «Lioness Inversiones no es un fondo buitre».

Los propietarios afirman que "los cuatro arrendatarios, cuyos contratos han finalizado, y que no están en riesgo de exclusión social, quieren seguir pagando rentas bajas, de forma indefinida, aunque la ley no los ampare y cause indefensión a la propiedad". Asimismo, advierten de que "la ley está para cumplirse y seremos legal y jurídicamente implacables en este tema".

En estos momentos la propiedad tiene causas abiertas contra los cuatro inquilinos de la finca cuyo contrato ya expiró y contra los okupas de las dos viviendas usurpadas. De los 27 pisos, siete continúan con contratos de renta antigua. Otros tres ya fueron reformados y alquilados con alquileres de temporada. A los contratos del resto aún les quedan algunos años.

Uno de los vecinos de la Casa Orsola es Tono Hernández Bladé, productor televisivo. Da la casualidad de que Hernández es amigo de Ada Colau, según ha trascendido. Además, colabora de forma «altruista» en materia de producciones audiovisuales para la alcaldesa y sus campañas de promoción electoral. Fuentes consideran que será uno de los colaboradores de la nueva campaña de las municipales del próximo mayo.