Colau costea 40.000 euros en nuevas reformas para el local que cedió a un colectivo okupa
Valents denuncia que con actitudes como esta el Ayuntamiento «provoca un efecto llamada y convierte Barcelona en un paraíso okupa»
Los okupas 'amigos' de Colau
ABC
Barcelona
Valents denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona ha destinado 40.000 euros de dinero público de todos los barceloneses para hacer obras y nuevos arreglos al casal popular Tres Lliris, en un local de titularidad municipal que anteriormente había sido una comisaría de la ... Policía Nacional y que un colectiva okupa ha acabado gestionando como un local de jóvenes, de manera legal, después de que años atrás lo okupara. Esta cesión es la enésima del consistorio al grupo en un caso por el que incluso el Ayuntamiento ha acabado ante los tribunales.
El detalle de la partida, obtenida a partir del documento 'Autorizaciones y disposiciones de pago para el periodo comprendido entre el 26 de septiembre y 22 de noviembre de 2022' que ABC ha podido consultar, se tratará como punto de la orden del día del pleno del distrito de Gracia, que se celebra este jueves por la tarde. El consejero de Valents en la zona, Jordi Daura, prevé pedir explicaciones al gobierno municipal sobre esta partida.
Parera recuerda a Colau que «los barceloneses no pagan impuestos para mantener a los okupas y financiar sus fiestas. Con esta actitud lo único que consigue el gobierno municipal es provocar un efecto llamada y convertir Barcelona en un paraíso okupa». «Primero cedieron el local de Nil Fabra a grupos okupas, una decisión que le ha costado la imputación al concejal Eloi Badia por presunta malversación y prevaricación. Luego les permiten todo tipo de fiestas que molestan a los vecinos. Y ahora, sumamos que les pagan las obras. Les recuerdo que okupar no es un derecho, es un delito», declara la líder de Valents.
Desde la formación constitucionalista, proponen invertir con el fin de cambiar la normativa para que haya una expulsión inmediata de los okupas de la propiedad, si no se acredita un título de propiedad o un contrato de alquiler al día de pago. También quieren conseguir bonificaciones del IBI para aquellos que tengan una propiedad okupada y asesoramiento gratuito por parte de la administración que ofrezca servicio a las víctimas y no a los delincuentes. Además, plantean la creación de un teléfono específico de denuncia conectado con la policía para agilizar la respuesta y tolerancia cero ante estos delitos.
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