Barcelona tendrá una tasa pionera en España para el reparto de comercio electrónico

Colau, que desde su llegada al Ayuntamiento ha desarrollado varias políticas para minimizar la circulación de vehículos para luchar contra el cambio climático y la contaminación, lleva tiempo defendiendo la necesidad de impulsar alguna medida para penalizar la nueva realidad que vive Barcelona, y otras tantas ciudades, al ver cada vez más furgonetas de reparto estacionadas por la vía pública. La pandemia del Covid hizo que estos negocios ganarán todavía más peso efectuando repartos gratuitos, recuerdan desde el Ayuntamiento.

«En hacer entregas masivas en domicilios de la ciudad, hacen un uso especial del dominio público, congestionan el espacio e incrementan la contaminación. Esto, además, genera un desequilibrio de la competencia con el comercio de proximidad», destaca el consistorio en un comunicado en el que también se recuerda que los repartidores de estos gigantes electrónicos se pasan el día realizando tareas de carga y descarga con todo tipo de vehículos.

El teniente de alcalde de Economía, Jaume Collboni (PSC), ha remarcado este viernes durante la presentación del tributo que la tasa nace para dotar «de igualdad de condiciones al mercado» y para «poner orden» a la vía pública de la ciudad. Más contundente, Jordi Martí (comunes) ha reivindicado la tasa ejemplificando que no es sostenible que furgonetas que pesan una tonelada y media repartan un paquete de 300 gramos: «Este mundo no se lo puede permitir».

El gravamen será pionero también a nivel europeo porque, resaltan desde el consistorio, es la primera vez que se establece un precio al uso especial del espacio público de los operadores postales (que son el sujeto pasivo de la tasa), que gravará el periodo impositivo de un ejercicio y se autoliquidará en julio del siguiente, según ha recogido Ep.

Así, este nuevo instrumento jurídico gravará en concreto «el uso del espacio que realizan estas empresas cuando tienen que entregar las mercancías a los destinos finales indicados por los consumidores, que no sean puntos de recogida», detalla el Ayuntamiento. La tasa afectará a los grandes operadores postales que facturan más de un millón de euros al año en la capital catalana: son, a día de hoy, 26 empresas afectadas, con las que se recaudarán 2,6 millones de euros anuales. Las cinco más importantes concentran el 62% del volumen de las operaciones.

El importe concreto saldrá del volumen de negocio proporcional que realicen en la ciudad: las compañías afectadas abonarán el 1,25% de su facturación que proceda de los repartos. El consistorio, además, exime del tributo los ciudadanos, repartos de empresa a empresa o las entregas a puntos de recogida. Collboni, que ha desgranado los detalles, ha reivindicado la «solidez jurídica» y la «justicia» con esta tasa pionera.

La previsión pasa ahora por superar un primer trámite en la comisión y el pleno de este diciembre y que la tasa pueda aprobarse definitivamente en febrero, algo que será fácil ya que el bipartito municipal cuenta con el apoyo de ERC. A partir de ahí se publicaría en el Boletín Oficial Provincial de Barcelona (BOPB) y e podría empezar a aplicar.