Barcelona aprueba la 'tasa Amazon' para gravar el reparto a domicilio

Con el apoyo de los grupos de los comunes, PSC, ERC, Junts y Ciudadanos, con la bautizada como TREC (Tasa de Reparto 'e-commerce') Barcelona se convierte así en la primera ciudad española en aplicar un gravamen de estas características. Desde el Ayuntamiento se justifica que en los los últimos años, y de manera particular con las restricciones de movimiento con motivo del Covid-19, «el comercio electrónico ha ganado peso en la ciudad de Barcelona y esto ha comportado que grandes empresas de comercio electrónico estén haciendo gratuitamente un uso especial del dominio público», un espacio que es «un bien escaso que necesita ser gravado», ha apuntado en declaraciones a los periodistas la concejal Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interior y Hacienda de Barcelona, Montserrat Ballarín (PSC).

La tasa, que entrará en vigor la próxima semana, afecta a todas aquellas grandes empresas que actúan en el mercado como operadores postales, realizando carga y descarga en la vía pública, mediante cualquier clase de vehículo, con el fin de distribuir en los destinos finales indicados por los consumidores los productos adquiridos a través del comercio electrónico. Dichos operadores, recuerda el Ayuntamiento, congestionan el espacio e incrementan la contaminación». «Esto, además, genera un desequilibrio de la competencia con el comercio de proximidad«. apuntan señalando otro de los pretextos argumentales para justificar una tasa que los operadores descalifican por «recaudatoria».

La tasa se aplicará a aquellos operadores postales con ingresos brutos procedentes de la facturación anual superiores a un millón de euros obtenidos por entregas en los destinos finales indicados por los consumidores de Barcelona. La cuantía de la tasa se fija en función de un porcentaje sobre los ingresos brutos facturados por la empresa, descontadas las operaciones excluidas de tributación. El importe a satisfacer por el conjunto de operadoras no podrá superar un límite fijado en 2,6 millones de euros.

Quedarán excluidas las distribuciones efectuadas en el marco del servicio de transporte de mercancías que no se consideran operadores postales, como podría ser una flota de vehículos para entregar a domicilio los productos que se compren en un comercio presencialmente o a través de su página web. Se excluye también la distribución de productos a tiendas o restaurantes, aquellas en las que no se usen vehículos o sean sostenibles y las entregas hechas en puntos establecidos por el consistorio.

Para la titular de Hacienda, detrás de esta tasa hay «una apuesta concreta por el comercio de proximidad», así como de mejora medioambiental«, aunque reconoció que se ignora si ello va a reducir el tráfico.

Para UN1, la patronal de la logística y el transporte, la tasa aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona «es un tributo discriminatorio» en tanto que, en palabras de su presidente, Francisco Aranda, «incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños». Dichas firmas, apunta, «se verán obligadas a asumir mayores costes o a repercutírselos a sus clientes». En contra de la tesis de que se trata de proteger al comercio local, «este acabará viéndose afectado por la tasa».