Barcelona compra Casa Orsola creando un precedente para futuras adquisiciones públicas

Con esta decisión, que contó con la voluntad imprescindible del dueño del edificio en la venta y no participó el Sindicato de Inquilinas, Jaume Collboni (PSC), alcalde de Barcelona, señaló, en una rueda de prensa poco después de que se conociera la iniciativa, que «ningún inquilino tendrá que irse de Casa Orsola» y que, en su opinión, la operación de 9,2 millones de euros está «un 30% por debajo del valor de mercado» del distrito barcelonés del Ensanche donde se ubica la finca.

Esta jugada de adquisición de vivienda pública (Casa Orsola tiene 26 viviendas: siete en alquiler indefinido, siete en alquiler de temporada, cinco con contrato vigente, cinco en proceso de demanda y dos pisos vacíos, y entre ellas una okupada ilegalmente) crea un precedente de cara al futuro. Un asunto que el propio Collboni quiso aclarar y limitar al señalar que este sistema de ampliación de vivienda pública no se puede extender a otros edificios de Barcelona. Una posición que desde el Sindicato de Inquilinas, además de criticar no haber formado parte de la parte final de la negociación en la operación, se puso en duda.

Collboni, que compareció ante la prensa junto a la presidenta de Hábitat 3, Carme Trilla, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet (PSC), el síndico de Greuges de Barcelona, David Bondia, y el comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, definió la operación como «compra social colaborativa», aseguró que «la complejidad de esta operación» se pone punto final a un conflicto generado cuando el titular del edificio, al acabar los contratos de alquiler, decidió no renovarlos y, por último, advirtió de que los fondos del consistorio no son infinitos.

En cualquier caso, Collboni elogió las movilizaciones de los últimos días, organizadas por el Sindicato de Inquilinas, para impedir los desahucios de Casa Orsola y reconoció su papel de presión en este caso dando las «gracias» a «los movimientos sociales» y el Sindicato de Inquilinas.

Así, la decisión de compra-venta se acogió con satisfacción en la mayoría de los sectores socio-políticos que están a favor de que los inquilinos pudieran quedarse en el edificio. Sin embargo, fue una «victoria» –término en el que coincidieron– que no cierra la batalla. El Sindicato respondió a Collboni convocando una protesta para el 17 de febrero bajo el 'leitmotiv': «Bloques en lucha», para que la operación se extienda a otras fincas de Barcelona.

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«Hay muchas Casas Orsola. Convocamos aquí a todas las Casas Orsola. Este edificio es un símbolo, un faro. La Casa Orsola tiene que servir para levantar el conflicto», dijo el portavoz del Sindicato, Enric Aragonès, junto a dos vecinos de la finca, Josep Torrent y Elisenda Paños, para criticar, seguidamente, el precio de la operación, al considerarlo «un precio muy superior al que se había comprado anteriormente, lo que premia la actitud del fondo que no ha querido otra cosa que echar a los vecinos».

Por su parte, Albert Ollé, administrador de Lioness Inversiones, celebró en un comunicado la resolución del conflicto, que se arrastraba desde hace tres años, apuntando que «se ha impuesto la responsabilidad, el sentido común y el respeto, elementos indispensables no solo para poder dialogar y lograr acuerdos, sino para garantizar los derechos de todo el mundo y una buena convivencia cada día».

Además, añadió que «a pesar de las coacciones, los insultos y el acoso al que nos hemos visto sometidos, la empresa que encabezo y mi persona, el principio de responsabilidad que nos ha guiado, el saber que siempre hemos procedido desde la legitimidad, el respecto a las reglas del juego y el compromiso con nuestra ciudad, no nos han hecho perder nuestro objetivo: contribuir honesta y responsablemente desde nuestra actividad empresarial en Barcelona, en términos de dinamismo económico y de revalorización de la ciudad a través de la preservación de nuestro patrimonio».

En una línea más dura, más allá de las críticas de Junts, PP y Vox al fondo y la forma de la actuación del ayuntamiento en este caso, se manifestaron los agentes inmobiliarios y de la propiedad, la asociación que los agrupa en Barcelona lamentó que esta compra-venta «genera un precedente preocupante» que se resume en «inseguridad jurídica» para los propietarios que lejos de poder gestionar sus fincas se ven «forzados» a venderlas.