Àngel Surroca se personará como acusación popular tras denunciar el desfalco de Cellex

Para cerciorarse de sus sospechas, Surroca contrató a una empresa de detectives, Método 3, que aportó un informe que él mismo remitió entonces al Protectorado de Fundaciones del Gobierno catalán. Y es que Mir, antes de morir, apuntó que dejaría su patrimonio a las fundaciones, para continuar así con su actividad de mecenazgo a través de sendas funciones. Dos meses antes de su fallecimiento, el empresario químico designó como albaceas de su testamento a los ahora tres investigados. Segarra Pijuan, que se convirtió en su nueva mano derecha tras la venta del grupo de Derivados Forestales, Tabernero (que era su médico) y el abogado Capellas Cabanes, que constaba como administrador de una sociedad (Kaplas LTD, radicada en Panamá), para que ejecutasen sus últimas voluntades.

En su denuncia, consultada por este diario, Surroca apunta que existió una «opacidad» respecto a la herencia de Mir, y es que las sobrinas de su mujer, pese a percibir una pensión vitalicia, no han podido ver el testamento. De hecho, la pensión, de 14.000 euros mensuales, se les otorgó a condición de que no reclamasen el documento ni cualquier otra acción respecto al patrimonio del empresario. Es uno de los investigados, Segarra, el que les abona la cantidad a través de la sociedad Simex.

Entre las posibles irregularidades en la gestión del patrimonio de Mir, que debía destinarse a seguir financiando investigaciones científicas, Surroca apunta a la cesión de una de sus propiedades a Tabernero y su esposa, tal y como consta en el Registro de la Propiedad de Vielha. Se trata de una finca en la Vall d'Aran, valorada en casi un millón de euros. Una donación que, si se realizó con bienes de los que era titular la Fundación Cellex, «supone un perjuicio patrimonial» para la misma, reza el informe aportado a la Generalitat.

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Pedía así Surroca investigar el destino de la fortuna de Mir, con sus depósitos bancarios en el exterior, que cifró en unos 400 millones de euros, tras la venta, en 2002, del 45 por ciento de Derivados Forestales al Banc Sabadell y, seis años más tarde, en su totalidad a Ecros.

Su denuncia ante la Generalitat propició la investigación judicial y las pesquisas pasaron a manos de los Mossos d'Esquadra. Por el momento, la juez sospecha que los tres albaceas habrías desviado en su propio beneficio algo más de seis millones de euros. Fondos que deberían haber sido destinados a las fundaciones de Mir, motivo por el que la Generalitat, según avanzó 'La Vanguardia' y confirmaron a este diario fuentes de Justicia, también prevé personarse como acusación, en su caso, particular.