La ANC intenta no acabar en las catacumbas del independentismo

También el resto de entidades que fueron motor civil del 'procés' y lubricaron un movimiento que escondió que fuera de «arriba a abajo» para vender que era un empuje del pueblo. Su influencia es menguante porque, sobre todo, Junts y ERC no tienen agendas compartidas. Tras la ley de Amnistía, Lluís Llach se ha hecho con la presidencia de la ANC para revitalizar una entidad que es el espejo del independentismo.

El movimiento civil está latente porque su influencia fue prestada por los propios partidos. Lejos quedan las manifestaciones masivas del 11 de septiembre y las convocatorias a protestar por la presencia del Rey o la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona (2018). La pugna interna se ha resuelto, al menos de momento, a favor de Carles Puigdemont. Llach coincide con la estrategia del líder de Junts y formó parte del Consell de la República. Pero su influencia en la sociedad catalana y, en concreto, en el movimiento secesionista está bajo mínimos.

La ANC vive estancada y sueña con no volver a las catacumbas del residualismo activista previo al 'procés'. Mejor transición ha realizado Òmnium Cultural, entidad con historia y músculo financiero autónomo que nació para impulsar la cultura en catalán y que el 'procés' arrinconó políticamente.

Bajo el control de Xavier Antich en la presidencia y con una junta transversal (la periodista Mònica Terribas y el exdiputado de la CUP David Fernàndez, entre sus miembros), Òmnium se ha centrado en coordinar el éxito de la ley de Amnistía. Norma que la ANC rechaza por temor a que sea el fin del 'procés'.

Otra de las entidades que en su momento tuvo cierto protagonismo fue la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una agrupación de alcaldes que pretendía dar cierta pátina institucional al movimiento. A la AMI siguen integrados 770 ayuntamientos y 51 entidades locales y está presidida por el senador de ERC Jordi Gaseni, que fue alcalde de L'Ametlla de Mar (Tarragona).

Si ya en su momento la AMI tuvo un papel de comparsa, ahora es menos que testimonial, también por las sucesivas sentencias en las que la Justicia ha tumbado el pago de cuotas a la entidad alegando que las funciones de la misma sobrepasan con mucho las funciones municipales.

En su momento, octubre 2016, la AMI promovió también una Asamblea de Cargos Electos que pretendía aglutinar a todos los cargos públicos catalanes para que, en caso de disolución de las instituciones catalanas mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la citada asamblea se constituyese como un Parlament alternativo, autolegitimado para acatar la «voluntad del pueblo».

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Nati Villanueva

La fantasmagórica asamblea de electos no llegó a constituirse nunca, en parte porque quedó superada por el llamado Consell de la República, una institución que pretendía configurarse como una suerte de gobierno catalán en el exilio, sin las limitaciones que el marco constitucional imponía al Govern de Quim Torra que nació tras las elecciones de diciembre de 2017. Aunque en sus primeros pasos, marzo 2018, llegó a presentarse como una iniciativa de todo el independentismo, de inmediato se perfiló como una plataforma al servicio de Junts y particularmente de Puigdemont.

Su trayectoria ha ido de más a menos, y hace pocas semanas el Consell disolvía su asamblea de representantes, golpe definitivo a una entidad que ya no sirve al propósito de Puigdemont. Abanderados del unilateralismo, al igual que la ANC, sus afiliados por ejemplo abogaron por bloquear la investidura española cuestionando los acuerdos con el PSOE, una posición adoptada en una consulta interna en la que apenas participaron el 4,5% de los afiliados, lo que a la vez ponía en duda el verdadero volumen de sus inscritos, que llegaron a ser 100.000, según sus cifras.

Unos y otros, incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos, sobreviven como pueden en una Cataluña que no es la que soñaron. Un declive que refleja la parálisis del movimiento.