Cataluña no necesita una Hacienda propia, necesita sentido común

La propuesta de una Hacienda catalana que recaude el 100% de los impuestos rompe con el principio de solidaridad interterritorial que ha sostenido el Estado del bienestar en España. No hablamos de una mejora técnica, sino de una fractura del sistema tributario común. La Agencia Tributaria ha demostrado ser una herramienta eficaz en la lucha contra el fraude y en la redistribución de recursos. Romperla no es modernizar, es desmantelar.

Crear una estructura fiscal paralela implica duplicar organismos, personal, sistemas informáticos y procesos. ¿Quién pagará esa factura? Los ciudadanos. En lugar de invertir en sanidad, educación o vivienda, se destinarían recursos a levantar una burocracia innecesaria. Y todo ello en un contexto de déficit estructural y presión fiscal creciente.

Cataluña es una comunidad abierta, dinámica y emprendedora. Pero este tipo de pactos, nacidos de la lógica del intercambio político, generan inseguridad jurídica y fragmentan el mercado nacional. Las pymes, que son el corazón de nuestra economía, se verían atrapadas en un laberinto fiscal que dificultaría su competitividad y su crecimiento.

Este acuerdo no responde a una demanda social mayoritaria, sino a una estrategia de supervivencia política. Se cede una competencia clave a quienes han demostrado reiteradamente su voluntad de romper con el marco constitucional. Y se hace sin transparencia, sin debate público y sin valorar el impacto real sobre la ciudadanía.

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Cataluña no necesita más estructuras paralelas ni privilegios fiscales. Necesita estabilidad, igualdad de oportunidades y una administración eficiente que trabaje para todos. La política fiscal no puede ser moneda de cambio en negociaciones partidistas. Debe ser una herramienta al servicio del bien común.

Agustín Parra Gallego es economista y diputado del PP en el Congreso por Barcelona.