Absuelta la madre para la que pedían cinco años de cárcel por no entregar a tiempo a sus hijos al progenitor

«Es una buena noticia entre tanta oscuridad», ha explicado Aquiles a ABC, tras conocer la absolución -contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia-. «Estoy como si me hubiese tocado la lotería. Es un milagro porque todo el sistema, claramente, va contra las madres. Condenarme hubiera sido injusto». La sentencia sostiene que, ante un cambio de custodia, que hasta entonces ostentaba la madre, ésta, con la intención de apurar todas las posibilidades para evitar la entrega de sus niños, solicitó una orden de protección al juzgado. Una orden que no le concedieron tras lo que entregó a los pequeños.

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Así, el fallo indica que para incurrir en sustracción de menores, ésta tendría que implicar «apoderamiento definitivo». Algo que no existió. Además, el juez apunta: «siendo miles los juicios orales a espaldas de este juzgador, en pocas ocasiones ha alcanzado la sensación de tristeza y desazón vividas en el desarrollo del presente, especialmente al proyectarse lo vivido y oído en el plenario a la trayectoria vital de los menores. Algo sobre lo que, respetuosamente, se estima que los progenitores y sus asesores deberían reflexionar».

Silvia tuvo a sus niños en 2012 y 2015. Luego se separó, y ambos cónyuges se interpusieron «múltiples» denuncias. Procedimientos policiales y judiciales, y también civiles, relativos a la custodia de sus hijos. Fue el 17 de febrero de 2020 cuando el Juzgado de Primera Instancia 18 de Barcelona falló que uno de los menores fuese a vivir con el padre, y que el otro quedase al cuidado de la DGAIA. A la vista, que se celebró unos días antes, no acudió la progenitora. Alegó que estaba de baja médica. Fue imposible notificarle la decisión judicial -estaba en paradero desconocido-. Finalmente, los entregó el 4 de marzo de ese mismo año.

Fue en 2015 cuando Silvia acudió la Unidad de Abusos Infantiles del Hospital Sant Joan de Déu, después de que su hija -entonces tenía tres años, mientras que el niño era un bebé de cuatro meses- le contó que su padre le había realizado tocamientos. Las conclusiones del informe determinaron que no existían indicios de este abuso y que la pequeña hacía estas manifestaciones inducida por la propia progenitora.

Tras un largo periplo judicial, en marzo 2018, una juez suspendió la comunicación y las visitas entre el padre y los pequeños. En un auto, la magistrada sustituta del juzgado 18 falló a favor de las medidas cautelares que reclamó la madre para proteger a sus dos hijos. La vía penal contra el progenitor se archivó por falta de pruebas y entonces solicitó la custodia de los dos niños. Silvia llevaba 17 años casada con su pareja, y nunca había sufrido ningún episodio de abuso por su parte.

Sobre la retirada de la custodia, la madre criticó entonces que los Servicios Sociales, determinasen, a través de una una visita de pocos minutos a su domicilio, que los niños están en «riesgo grave» de sufrir Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Un informe que la jueza derivó a la DGAIA y pidió, dado el «desamparo», que se tomasen medidas. Tras el último fallo judicial que dictaminaba que debía entregar a los menores, los Mossos d'Esquadra emitieron una orden de busca y captura contra la madre, quien finalmente dejó a sus hijos en la Ciutat de la Justicia el 4 de marzo de 2020.

Por su parte, el padre apuntó que Silvia podría haber estado vinculada a Infancia Libre, algo que, según la abogada de ella, Antonia Ortiz, buscaba minar su credibilidad.