Las activistas lanzaron tinta en el Portal de la Fe de la basílica mientras gritaban «¡Justicia climática!», en una acción de protesta vinculada a los incendios que este verano han afectado a gran parte del territorio español.
La organización de juristas considera que los hechos podrían constituir un delito contra el patrimonio histórico, recogido en el artículo 323.2 del Código Penal, ya que el templo diseñado por Antoni Gaudí está protegido como Bien de Interés Cultural desde 1984 y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008.
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, calificó lo sucedido como un ataque «que nada tiene que ver con la iglesia o los católicos», pero que refleja, según afirmó, «la imperante necesidad de que la justicia actúe para frenar el imparable aumento de la cristianofobia en España». Castellanos añadió: «No podemos permitir que los templos sean utilizados como blanco de cualquier ataque. Exigimos a las autoridades que protejan la libertad religiosa y actúen con firmeza».
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