Más de 5.500 funcionarios públicos, entre ellos jueces y fiscales, alertan de que la ley de amnistía amenaza el Estado de Derecho
Asociaciones de funcionarios públicos secundan un manifiesto para defender la independencia judicial y los valores constitucionales
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Representantes de asociaciones de jueces y fiscales, durante la presentación del manifiesto en Barcelona
Unos 5.500 jueces, fiscales y otros funcionarios se han adherido ya a un manifiesto para alertar de que la ley de amnistía pone en peligro el Estado de Derecho. Un pacto que también secundan inspectores de Hacienda y letrados de la Administración ... de Justicia para defender «los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes, así como la independencia de los cuerpos profesionales». Entre los firmantes, la Asociación de Fiscales, cuya portavoz, Cristina Dexeus, ha apuntado este miércoles la necesidad de unir fuerzas en tiempos convulsos, cuando el «discurso político actual está tensando el sistema con sus ataques» a los profesionales de la judicatura, «incluso desde el propio Gobierno, trasladando a la opinión pública que actúan de forma parcial, cuando cumplen su función de investigar y perseguir delitos graves».
Por este motivo, Dexeus ha lamentado que la ley de amnistía sienta un precedente que supone «perdonar delitos que contravienen la Constitución y los compromisos adquiridos por España merman garantías constitucionales. Ante esta situación es necesario reaccionar para proteger el Estado de Derecho», ha instado.
Por su parte, Pablo Baró, de la Asociación Profesional de la Magistratura, que también secunda el manifiesto, ha apuntado que con la proposición de ley «se ha cruzado una grandísima línea roja que, desgraciadamente va a hacer que nuestro Estado de Derecho se deslice por una pendiente peligrosa». Sobre el texto que contempla el olvido penal para las causas independentistas ha apuntado que «se ha ido adaptando a la causa de 'Tsunami' y eso hace que esta ley sea perversa en un doble sentido. Tiene nombres y apellidos y trasgrede el principio de igualdad ante la ley [de todos los españoles]. Es una ley que se hace contra los jueces, en concreto contra los de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo». «Se nos ha colocado a los jueces y fiscales como enemigos del Gobierno», ha reprochado Baró, tras subrayar que «sin independencia judicial no puede haber Estado de Derecho; sin Estado de Derecho no puede haber democracia y sin democracia no podemos garantizar nuestros derechos y libertades».
En el mismo acto, celebrado en la Universidad Abat Oliba Ceu de Barcelona, Roberto García Cenicero, de Foro Judicial Independiente, ha subrayado que su única intención es defender la independencia judicial. «Lo que está ocurriendo en España desde hace tiempo, y ahora, con ley amnistía, es que los políticos creen que pueden apropiarse del Estado Derecho por contar con la aritmética parlamentaria a su favor, algo que pasa tanto en la derecha como en la izquierda. La separación de poderes no es un reparto de cromos».
Además, García Cenicero ha indicado que el principal problema de la ley de amnistía es que los diputados creen tener el poder suficiente para obligar a los magistrados a «archivar procedimientos en trámite cuando afectan a la propia función de los políticos», es decir una «autoamnistía», lo que supondrá, a su parecer, que un Ejecutivo «podrá amnistiar casos de corrupción que les puedan afectar con una apelación al interés general».
«Los promotores de la ley dicen que el objetivo fundamental es superar el conflicto que se dio con el 'procés' en Cataluña, pero esta ley incurre en el mismo vicio en el que incurrieron los políticos independentistas en ese momento: creer que un parlamento está legitimado para hacer cualquier cosa en democracia. Mismo argumento que usan ahora ahora los promotores de la amnistía», ha censurado.
Texto íntegro del manifiesto
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Las asociaciones firmantes, Asociación de Fiscales, Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente, Asociación de Abogados del Estado, Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y Asociación Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, como representantes de cuerpos de funcionarios del Estado y la Administración Local, jueces y fiscales, y profesionales del derecho, comunicamos la creación de un comité de coordinación con el propósito de trasladar a la sociedad civil nacional e internacional la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes, así como la independencia de los cuerpos profesionales, como muestra de nuestro compromiso en la defensa del Estado social y democrático de Derecho.
Tras la presentación del pacto entre las ocho asociaciones, el acto ha continuado con un debate en el que la catedrática de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Teresa Freixas ha rechazado que la amnistía pueda favorecer la concordia: «No veo de qué manera una ley que favorece a los políticos que han generado la discordia puede favorecer la concordia. Se me hace algo totalmente imposible». En el mismo coloquio, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías, ha apuntado que el empleo de la expresión 'lawfare' pretende atacar a los jueces «en una época en la que han confluido intereses diversos que quieren romper el Estado y la democracia liberal», y en la que «el único escollo son los jueces independientes».
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