Más de 5.500 funcionarios públicos, entre ellos jueces y fiscales, alertan de que la ley de amnistía amenaza el Estado de Derecho

Por este motivo, Dexeus ha lamentado que la ley de amnistía sienta un precedente que supone «perdonar delitos que contravienen la Constitución y los compromisos adquiridos por España merman garantías constitucionales. Ante esta situación es necesario reaccionar para proteger el Estado de Derecho», ha instado.

Por su parte, Pablo Baró, de la Asociación Profesional de la Magistratura, que también secunda el manifiesto, ha apuntado que con la proposición de ley «se ha cruzado una grandísima línea roja que, desgraciadamente va a hacer que nuestro Estado de Derecho se deslice por una pendiente peligrosa». Sobre el texto que contempla el olvido penal para las causas independentistas ha apuntado que «se ha ido adaptando a la causa de 'Tsunami' y eso hace que esta ley sea perversa en un doble sentido. Tiene nombres y apellidos y trasgrede el principio de igualdad ante la ley [de todos los españoles]. Es una ley que se hace contra los jueces, en concreto contra los de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo». «Se nos ha colocado a los jueces y fiscales como enemigos del Gobierno», ha reprochado Baró, tras subrayar que «sin independencia judicial no puede haber Estado de Derecho; sin Estado de Derecho no puede haber democracia y sin democracia no podemos garantizar nuestros derechos y libertades».

En el mismo acto, celebrado en la Universidad Abat Oliba Ceu de Barcelona, Roberto García Cenicero, de Foro Judicial Independiente, ha subrayado que su única intención es defender la independencia judicial. «Lo que está ocurriendo en España desde hace tiempo, y ahora, con ley amnistía, es que los políticos creen que pueden apropiarse del Estado Derecho por contar con la aritmética parlamentaria a su favor, algo que pasa tanto en la derecha como en la izquierda. La separación de poderes no es un reparto de cromos».

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Además, García Cenicero ha indicado que el principal problema de la ley de amnistía es que los diputados creen tener el poder suficiente para obligar a los magistrados a «archivar procedimientos en trámite cuando afectan a la propia función de los políticos», es decir una «autoamnistía», lo que supondrá, a su parecer, que un Ejecutivo «podrá amnistiar casos de corrupción que les puedan afectar con una apelación al interés general».

«Los promotores de la ley dicen que el objetivo fundamental es superar el conflicto que se dio con el 'procés' en Cataluña, pero esta ley incurre en el mismo vicio en el que incurrieron los políticos independentistas en ese momento: creer que un parlamento está legitimado para hacer cualquier cosa en democracia. Mismo argumento que usan ahora ahora los promotores de la amnistía», ha censurado.

Tras la presentación del pacto entre las ocho asociaciones, el acto ha continuado con un debate en el que la catedrática de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Teresa Freixas ha rechazado que la amnistía pueda favorecer la concordia: «No veo de qué manera una ley que favorece a los políticos que han generado la discordia puede favorecer la concordia. Se me hace algo totalmente imposible». En el mismo coloquio, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías, ha apuntado que el empleo de la expresión 'lawfare' pretende atacar a los jueces «en una época en la que han confluido intereses diversos que quieren romper el Estado y la democracia liberal», y en la que «el único escollo son los jueces independientes».