Cataluña, normalidad en la anormalidad a los diez años del 'procés'

Del mismo modo, el secesionismo más exaltado cree justo lo contrario, el 'procés' ha muerto, acusando a los partidos, particularmente a ERC, de haberse plegado al autonomismo renunciando al «mandato del 1 de octubre». Para los primeros, la amenaza rupturista sigue viva. Para los segundos, Cataluña es un nido de traidores que han renunciado a la independencia. En lo que sí coinciden es en que el 'procés', o el 'posprocés', ha degenerado en un sálvese quién pueda, donde el mito de la unidad independentista ha quebrado en guerras partisanas entre los partidos, una fragmentación especialmente notoria en el seno de Junts. La unidad constitucionalista, ni está ni se le espera; de hecho, más allá de momentos puntuales como con la aplicación del 155, esta nunca existió.

De alguna forma, las tensiones entre los partidos y las polémicas alejadas de la épica, no dejan de ser un signo de cierta 'normalidad', un regreso al autonomismo diez años después de que, con la primera gran Diada masiva, Cataluña se echase pendiente abajo con el nefasto resultado de sobra conocido. Afortunadamente, arranca un curso político en Cataluña sin días históricos en el horizonte ni grandes hitos a alcanzar pero sí con muchas cuestiones por ventilar.

Aunque ERC y Junts han tratado de aislar el gobierno de coalición de la guerra abierta que libran por la hegemonía en el independentismo, el toma y daca entre unos y otros, y las disputas dentro de este último partido, amenazan de manera recurrente la estabilidad del Govern. El debate de Política General del 27 y 30 de septiembre -el 28 y 29 no habrá sesión al coincidir con el juicio contra la diputada de la CUP Eulàlia Reguant- marcará el tono. El desencanto, cuando no depresión, en el campo 'indepe', lo contamina todo. La épica de 2017 queda lejos. De lo que se trata ahora es de llegar en las mejores condiciones a las municipales de mayo.

Si la disputa entre ERC y Junts es sin cuartel, algo parecido sucede en el seno de los posconvergentes entre los guerrilleros capitaneados por su presidenta, Laura Borràs, y los pragmáticos liderados por su secretario general, Jordi Turull. La indefinible actuación de Borràs durante el quinto aniversario del 17-A ha convencido a muchos de la necesidad de aislar a la expresidenta del Parlament, tanto por su oscuro horizonte judicial como por su incapacidad para someterse a la disciplina interna. Un caso de estudio cuando la presidenta de la formación es su principal disidente. Borràs aboga por la salida de Junts del Govern. Los pragmáticos conocen, por su mayor bagaje político, el frío que se pasa en la oposición. La presidenta del partido es ahora mismo su principal factor de desequilibrio. Si se impone, la inestabilidad afectará al Govern.

Si Junts es ahora un artefacto político inestable e impredecible -como antaño lo era ERC-, los republicanos son ahora un peculiar 'partido de orden', ver para creer: cohesionados y con liderazgos claros. O al menos eso aparentan en su intento de sustituir a Junts en el seno del independentismo, y de desplazar al PSC en el seno de la izquierda. Las municipales de 2023 serán decisivas para calibrar el resultado de esta doble contienda. Los resultados de Barcelona, su área metro- politana y de unas cuantas capitales de comarca dibujarán, y afianzarán, la fortaleza del partido.

Demonizada por el independentismo más 'hardcore', la 'mesa' entre el Gobierno y la Generalitat (la parte de la Generalitat que representa ERC, porque Junts no participa en ella) es la principal apuesta de los predicadores del diálogo, sabedores de la imposibilidad de que de allí surja nada que pueda colmar las expectativas del independentismo -referéndum pactado y amnistía-, pero sí de su utilidad como pretexto para ir tirando, asegurarse el apoyo y agotar las respectivas legislaturas. ERC vende un señuelo, para el Gobierno la mesa es la demostración de la 'normalización' política en Cataluña. A unos y otros les conviene que la mesa no quiebre: su mera existencia es un éxito para ambos, y la llamada 'desjudicialización', el único efecto tangible.

En fase de desmovilización, el independentismo trata de recuperar viejas banderas para mantener la tensión. La rebeldía del Govern a la hora de aplicar la sentencia del 25% de castellano en las aulas -con la colaboración necesaria del PSC- es un ejemplo. Diez años después del inicio del 'procés', Cataluña estrena curso político: 'normalidad' dentro de la anormalidad.