Yolanda Díaz amenaza a la Junta de Castilla y León por la supresión del Servicio de Relaciones Laborales
El secretario de Estado de Empleo dice que «afectará a la paz social» de la Comunidad y avanza que su Ministerio estudia «todas las opciones a su alcance»
ABC
VALLADOLID
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, advirtió ayer de que la supresión del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) de Castilla y León, que prevé la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, «afectará a la paz social, porque ... solo tendrá consecuencias negativas y no habrá nada edificante en esta decisión». Pérez Rey explicó que su departamento aún no ha recibido la respuesta a la que «se comprometió» el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras la carta enviada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para informarse sobre esta cuestión.
En una entrevista concedida al programa La Ventana Castilla y León, de la Cadena SER recogida por Ical, Pérez Rey apuntó que la posible eliminación del Serla es «verdaderamente alarmante», el «mayor ataque al Diálogo Social conocido, porque acaba con un sistema fundamental para aplicar la legislación laboral y evitar conflictos entre empresas y trabajadores». A su juicio, muchas medidas de la reforma laboral «confían su solución al Serla», tales como la aplicación de la ultraactividad, motivo por el que el Gobierno «verá todas las opciones a su alcance» para frenar una propuesta «tan extrema, radical y contraria a las relaciones laborales».
Pérez Rey señaló que la supresión de este órgano de mediación «cuestiona el papel de los interlocutores sociales» y deja a la Junta como «enemigo de relaciones laborales habituales». «En ningún lugar de España se ha suprimido; al contrario, se les apoya. Es una responsabilidad que incumbe a la Junta, que no debería bajo ningún concepto validar una decisión que acabe con el Serla, que es absolutamente esencial». Por ello, invitó al Ejecutivo presidido por Alfonso Fernández Mañueco a «revisar una decisión tan alarmante, que daña al corazón de la democracia de las relaciones laborales».
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El secretario de Estado intuyó que la motivación que puede existir detrás de esta decisión «solo se puede entender por el desconocimiento habitual sobre sindicatos y patronales y por la incorporación de la Junta a una senda autoritaria muy preocupante, porque desconoce la posición constitucional de sindicatos y patronal». «Es un problema de todos», anotó.
También respondió al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, que defendió que esta labor la pueden ejercer los empleados públicos, Pérez Rey aclaró que «no es así», porque «lo que dice la legislación laboral es que en una serie de conflictos son los órganos autónomos los que tienen que evitar el recurso a jueces o la conflictividad». «Los conflictos los resuelven quienes los sufren en primera persona. Es el funcionamiento normal. El trabajo que hace el Serla es impresionante», expuso, para intuir que esta decisión «incorpora a la Comunidad a una especie de excepción nacional».
Por último, sintetizó que el Serla «evita huelgas, bloqueos de convenios colectivos, conflictos sociales, paralización de la productividad y presión en los tribunales». «No hay alternativa», sentenció Pérez Rey.
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