Vivienda detecta 904 pisos turísticos ilegales en la región y pide la retirada de sus anuncios

Ávila es la provincia donde se han revocado más solicitudes. En concreto, fueron 300. Le siguen de lejos León, con 135; Salamanca, 114; Segovia, 83; Burgos, 79; Soria, 71; Valladolid, 55; Zamora, 50; y en Palencia, 17. Los municipios con mayor número de solicitudes rechazadas en Castilla y León fueron Salamanca (72), Burgos (49), León (47), Candeleda, en Ávila (45) y El Barraco, también en Ávila (28). En cuanto a las capitales, Salamanca lidera el 'ranking' de las peticiones revocadas, con 72. Le siguen: Burgos (49), León (47), Valladolid (28), Ávila (26), Zamora (23), Segovia (17), Soria (14) y Palencia (2).

Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez. España, tras la actuación del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez, es el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el «fraude» en los alquileres turísticos, destaca en un comunicado el Ministerio.

A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código. Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro recibió un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75 por ciento) corresponden a alquileres de uso turístico.

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De estas, 53.786 fueron revocadas (20,3 por ciento). De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio se revocaron por no cumplir la legalidad. Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores recibió la solicitud, que ésta contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno. Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio busca «preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales».