Veganzones consuma su Serla y deja en 400.000 euros la ayuda
Los sindicatos anuncian su intención de llevar a la Consejería ante los tribunales por «prevaricación»
Veganzones avanza en su Serla con el rechazo de patronal y sindicatos
Tal y como planteó primero a patronal y sindicatos y después elevó al Patronato de la Fundación Serla -aunque no se llegó a votar por «falta» de informes-, las Consejería de Industria, Comercio y Empleo llevó ayer al Consejo de Gobierno de la Junta su propuesta de subvención directa con 400.000 euros para el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León ... .
Una cuantía que reduce un 60% lo aportado por el Gobierno autonómico el pasado año, pero que sí supone una inyección de fondos públicos después de que el departamento de Mariano Veganzones pusiera más que en entredicho la financiación del Serla.
La propuesta aprobada ayer también fija que a partir del 1 de julio quedarán excluidos del gasto achacable a la subvención los derivados de contratos de alta dirección -el director del Serla-, que actualmente supone 76.000 euros, así como los de arrendamiento de sedes, que pasarán a estar en edificios de la administración.
Además, el Servicio de Relaciones Laborales intervendrá únicamente en los conflictos colectivos -quedando excluidos los individuales entre trabajador y empresa y que hasta ahora sólo operaban en Valladolid- y limitando la intervención a un mediador o un árbitro.
La Junta de Castilla y León rechaza el requerimiento del Gobierno sobre el Serla
El Ejecutivo argumenta la inadmisión en la «ausencia de competencias» de la ministra de Trabajo y Economía Social y por haberlo remitido fuera del plazo legalmente establecido
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendió la apuesta por la «austeridad», lo que, dijo, exige ahorros en los aspectos «más burocráticos» o «más reglamentarios». Además, defendió que se ha hecho un esfuerzo «muy relevante» con un aporte económico «considerable», por lo que pidió a la Fundación Serla «eficiencia».
La subvención no convenció para nada a los sindicatos, que se mantienen en pie de guerra y ya anunciaron ayer su intención de llevar a la Consejería ante los tribunales por «prevaricación».
Lo aprobado, recriminó Raúl Santa Eufemia, de UGT, «no tiene sustento jurídico ni legal» y «supone una vulneración de los derechos fundamentales y una intromisión en el derecho a la negociación colectiva», además de recordar que en el Patronato del 31 de marzo no se votó el punto de la subvención por «falta de informes».
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