Las universidades privadas confían en cumplir a tiempo los nuevos requisitos

Se trata de unas condiciones que, a día de hoy, no superarían más de la mitad de las universidades privadas del país, pero tampoco las cinco que existen en Castilla y León. Eso sí, todas lanzan un mensaje de «tranquilidad» porque están «en condiciones» de adaptarse a tiempo -tienen entre tres y cinco años para cumplir- a las nuevas exigencias y trabajan ya en ampliar sus programas de doctorado a más ramas de conocimiento -la norma exigirá tener al menos de tres áreas distintas-, que es el aspecto que les quedaría pendiente.

Así, desde la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), su directora de Calidad, Sandra Marcos, descarta «preocupación» en el centro salmantino. Con más de 5.000 alumnos -se establecerá un mínimo de 4.500- y más del cincuenta por ciento de ellos matriculados en grados -otro de los límites que impondrá el nuevo decreto-, trabajaban en ampliar sus doctorados -ahora tienen dos-. «Ya tenemos pendiente la aprobación de uno e incluso puede que sean dos», dice Marcos. También disponen de unos requisitos «muy exigentes» para medir la «calidad» de su formación permanente y enseñanzas propias. «Por la calidad no estamos preocupados», insiste, porque asegura, además, figuran en los «primeros puestos» de distintos ranking.

En investigación, considera que «desde hace tiempo» se está trabajando por «impulsar» este área en la UPSA, también para que sus proyectos puedan captar «fondos» de los programas de concurrencia competitiva, tal y como establece la nueva norma. En concreto, se les pedirá que un 2 por ciento de su presupuesto provenga de este tipo de fuentes. Desde la institución salmantina creen que las condiciones marcadas por el Gobierno están «muy lejos» de ser criterios «de calidad» y de lo que dicta Europa. Al respecto, Marcos se pregunta por qué el mínimo está en los 4.500 estudiantes y se fijan tres áreas de conocimiento para los doctorados cuando «las mejores» universidades son las «especializadas».

La misma opinión expresa el rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, David García López, quien apuesta por la «prudencia» hasta que se conozca el «texto definitivo». «Todo lo que contribuya a un sistema universitario robusto y de más calidad nos va a parecer bien, pero, viendo el borrador, no acabamos de entender cómo alguna de esas medidas podrían mejorar la calidad», indica. Además, «ha faltado diálogo», por ejemplo con la CRUE, la conferencia que agrupa a los rectores españoles, ya que, recuerda, afecta a «todas las universidades de nueva creación; también las públicas». Ya en 2021 hubo otra norma universitaria de estas características y la UEMC se adaptó al contenido.

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Así que ahora tampoco existe «preocupación» y trabajarán de nuevo en amoldarse. Los matriculados son 5.500 y más de la mitad lo están en grados. Sobre las tres ramas de conocimiento de los doctorados, que por ahora no tiene -posee una única titulación de este tipo-, están ya trabajando y «habrá que acelerar un poquito más», subraya convencido de que llegarán a tiempo. «El doctorado es el culmen de un sistema de ciencia», defiende, y «cuesta un tiempo ponerlo en marcha».

Acerca de la definición del presidente del Gobierno de estos centros como «chiringuitos», tilda de «desafortunadas» esas palabras y cree que demuestra «falta de conocimiento», ya que públicas y privadas pasan los mismos filtros «de calidad».

En el caso de la Universidad Isabel I, con sede en Burgos, su rector, Alberto Gómez Barahona, rechaza también «la terminología de chiringuito» en referencia a las privadas y también que se denomine «cortijo» a las públicas. «Ni una cosa ni la otra. Estamos todas comprometidas con la educación superior», manifiesta. Este centro cumple con el número de estudiantes y con la exigencia de que la mitad estén en un grado.

Se emplearán ahora en ampliar los doctorados -tiene uno- a más áreas de conocimiento, por lo que Gómez Barahona insiste en que «están en condiciones de cumplir». «Ya tenemos el 90 por ciento de los requisitos», apunta antes de señalar también que algunas de las cuestiones que figuran en el borrador son «mejorables» o deben ir vinculadas a la «realidad objetiva». Así, manifiesta que, por ejemplo, exigir a las privadas que un dos por ciento de su presupuesto provenga de fondos para investigación de concurrencia competitiva es «complicado» cuando el «80 por ciento de las convocatorias» las excluyen. Además, considera que debe haber una «reflexión sosegada» a la hora de regular a las universidades online.

Desde la Católica de Ávila (UCAV) se han limitado a aclarar que esta institución sí cumple con el número de alumnos, con 4.888 inscritos, de los cuales 3.731 están matriculados en grados. Tiene, además, dos doctorados. Por último, según los datos del sistema universitario de Castilla y León de este curso, la IE University con campus en Segovia y Madrid, cuenta con más de 9.000 estudiantes, de los que 7.700 están en un grado, y posee un doctorado.