Las universidades de Castilla y León necesitan 35 millones más para aplicar la nueva ley

En Valladolid, el rector, Antonio Largo, ha cifrado las necesidades en trece millones de euros. Un dato que, como el del resto de los centros, ya tiene sobre la mesa el Ministerio y que se corresponde, sobre todo con la financiación que necesitaría a mayores para hacer frente a la contratación del profesorado necesario tras los cambios introducidos en la ley. Entre otras cosas, la norma reduce las horas docentes de los profesores ayudantes de doctor para que puedan dedicar más tiempo a la investigación y sus clases deben ser asumidas por otros para no alterar el funcionamiento que venían teniendo las facultades. «Si llega esa cantidad, activaríamos la contratación de profesorado de inmediato», explicaba estos días el máximo responsable de la institución vallisoletana.

Pero a día de hoy eso es una incógnita y Largo apunta a que la pelota está ahora en el tejado del Ministerio. «Ha introducido unos cambios y es su responsabilidad», señalaba antes de recordar que la LOSU salió adelante «sin consenso» y con prácticamente todas las universidades en contra.

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El endeudamiento no entra en sus planes, dijo. Y es que al tratarse del capítulo 1 de su presupuesto –el que se refiere a personal– todo está «muy tasado» y requiere, entre otras cuestiones, el visto bueno de la Consejería de Educación, cuya titular, Rocío Lucas, ya ha advertido de que las cantidades de las que se habla son «inasumibles», informa Ical.

En torno a los doce millones al año está el cálculo de la Universidad de Salamanca. Eso sólo para hacer frente a la nueva contratación y sin tener en cuenta la estabilización de los profesores asociados ­–todos tienen que pasar a ser indefinidos– a la que también obliga la ley. Unos fondos que deberían ser aportados por el Ministerio, aseguran desde la Usal, donde los mayores problemas para la aplicación de la norma los están encontrando en la gestión de esos volúmenes de contratación necesarios o en que figuras como la del profesor sustituto «adolece de desarrollo legislativo».

Un obstáculo que también se está encontrando la Universidad de León, donde las estimaciones son que se necesitarían cerca de seis millones de euros al año para adaptarse a la LOSU. El rector, Juan Francisco García Marín, explica que los docentes sustitutos –los que deben cubrir bajas o las jubilaciones sobrevenidas, según la ley– no pueden ser personal de la administración pública por «incompatibilidad», lo que está suponiendo complicaciones en algunas titulaciones como Magisterio o Derecho.

Pero el principal problema, dice, es desconocer aún quién se hará cargo de las nuevas necesidades de financiación. Eso, teniendo en cuenta que, históricamente el capítulo de gastos de personal en las universidades venía ya arrastrando un «déficit».

Si bien, García Marín confía en que la negociación que está llevando a cabo el Ministerio con las Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) llegue a buen puerto. «Creo que habrá acuerdo, aunque la dotación económica no sea la totalidad de lo que se necesita», concluye.

Por último, Burgos calcula que para cubrir los 2.000 créditos que quedan al descubierto en sus facultades con la nueva legislación requerirá 116 profesores nuevos, lo que se traduce en un gasto anual de alrededor de 4,5 millones. Aún teniéndolos, sería difícil poder encontrar tantos docentes, decía su rector, Manuel Pérez, ya que el resto de centros en España también necesitará cubrir esos puestos y no habrá efectivos en el mercado laboral para todos.

Mientras y por si los millones pendientes nunca llegan, ya se buscan soluciones. La Universidad de Valladolid ya ha trasladado un documento a los decanatos de sus centros para que las clases teóricas se concentren el próximo curso por la mañana, lo que supondría llegar a grupos de hasta 120 alumnos. No obstante, el rector ha asegurado que será decisión de los propios centros. En el resto, están a la espera del resultado de la negociación en la CRUE o estudian fórmulas con los departamentos de profesorado.

En el ámbito privado, la LOSU ha tenido «menos impacto»en el cambio de figuras del profesorado. Estos centros sin financiación pública ­–en Castilla y León hay cinco– cuentan con su propio convenio colectivo. Lo que más les influye de la nueva legislación son aspectos como ampliar la participación del alumnado en las decisiones, algo que ya se venía haciendo de «forma natural», indica el rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC), David García. Lo que sí les ha afectado, dice, son cambios normativos anteriores como el del pago de las cuotas de la Seguridad Social para 2.000 estudiantes en prácticas a partir de 2024 y el del incremento de la producción científica, al que han dedicado «cinco millones» de forma directa.