Tudanca, Pablo Fernández e Igea piden la suspensión temporal del Letrado Mayor, investigado por presunto acoso laboral

Primero lo hizo Igea, que apeló al artículo 54.2 del Reglamento de las Cortes, con el objetivo de «preservar la integridad y el buen nombre de la institución, así como de proteger a los denunciantes y posibles testigos en el caso».

Después, durante una rueda de prensa para hablar de Presupuestos, Tudanca calificó el hecho de «muy grave y preocupante» y también reclamó el informe preceptivo de la Junta de Personal de las Cortes para proceder a la suspensión temporal en el cargo.

«Dada la circunstancia actual y de la gravedad de las acusaciones vertidas, sería sensato proceder a una suspensión temporal del letrado mayor hasta que se resuelva el proceso judicial», opinó Pablo Fernández (Unidas Podemos).

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Por su parte, el presidente de la Junta de Personal, José Carlos Álvarez, manifestó, a preguntas de Ical, que el asunto está judicializado y es ahí donde debe seguir su curso, a la vez que indicó que desconocían la denuncia de acoso, ya que no se trasladó a este órgano, y se han enterado por la prensa.

En este sentido, señaló que desconocían la existencia de una situación de acoso laboral porque la funcionaria presuntamente afectada no acudió a la Junta de Personal para que pudiera en todo caso tomar alguna medida, sino que optó por la denuncia judicial, aunque también indicó que no existe un protocolo contra acoso laboral en las Cortes.

El propio investigado ha negado “tajantemente las acusaciones” y ha asegurado que se defenderá durante el proceso judicial “como corresponda”.