Pablo Trillo: «Herrera me pidió que le mantuviera informado» de la 'Perla Negra'

En este sentido, el procurado popular, que anteriormente ha ostentado distintos altos cargos en el Ejecutivo autonómico, ha explicado que su toma de conocimiento sobre la 'Perla Negra' fue de manera informal. Exsecretario general de la Consejería de Economía, había sido consultado sobre la posibilidad de sacar departamentos fuera de la capital vallisoletana y sabía que el exviceconsejero Rafael Delgado buscaba sedes. Más allá de eso no fue hasta que se incorporó al Consejo de Administración de Gesturcal como vocal cuando empezó a conocer de primera mano las gestiones.

Así, ha apuntado que mostró su disconformidad con los precios que figuraban en los contratos a nivel interno y también fuera de la empresa pública, con Herrera y también con el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, con quienes le unía, ha explicado, una relación de amistad y confianza en la que enmarca esa alerta sobre el precio del inmueble. Finalmente, el valor de compra fue muy inferior a ese que estimó «excesivo». Se pasó de los 72 a los 52 millones, ante lo cual no opuso su disconformidad, ha señalado.

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Sí lo hizo respecto al parque empresarial de Portillo, de cuya compra de parcelas tuvo conocimiento con motivo de la aprobación de las cuentas, cuando uno de los presentes en el consejo preguntó «esta valoración que hay aquí qué es, y se habló de una compra». Trillo solicitó información sobre una iniciativa que veía «inoportuna». Sin entrar a las cuestiones de oportunidad política en un momento «delicado» de crisis, se mostró «satisfecho» con las explicaciones legales que se le ofrecieron.

El citado vocal que puso el foco sobre el parque de Portillo fue el ex director de Presupuestos Armando Baeta, quien también en sala ha recordado la «inconfortabilidad» que generó la operación de compra del malogrado polígono por parte de la empresa pública sin conocimiento del Consejo de Administración y en plena crisis económica. Gesturcal arrastraba una deuda de más de 350 millones en el marco de las operaciones de urbanización de suelo industrial impulsadas por la Junta con el animo de impulsar la generación de actividad y empleo, ha expuesto.

No fue su única oposición. Ya había mostrado su disconformidad con el precio estimado para el alquiler de la 'Perla Negra' que le llamó la atención a Trillo, porque se basaba en un informe que tomaba como referencia el coste de oficinas en la capital y no en Arroyo y que tenían un valor del metro cuadrado muy inferior al pactado para el contrato. Posteriormente, no se opuso a su formalización del mismo, antes de la cual hubo una segunda tasación, ha explicado este martes en la tercera sesión del juicio del caso en la que han desfilado por la Audiencia varios ex altos cargos del Ejecutivo autonómico.

Así, además de Baeta y Trillo ha testificado el exsecretario del Consejo de Administración de Gesturcal José Rodríguez Sanz, quien ha ratificado lo expuesto por el exdirector general de Presupuestos y que así constaba en las actas en una declaración en la que ha sido preguntado por cuestiones técnicas sobre el papel de los involucrados, los pasos de la gestión de las operaciones y la legalidad del procedimiento en la empresa pública, la cual, ha apuntado, nunca estuvo «en quiebra», pero sí en situación «crítica».

Por su parte, el ex coordinador de Servicios en la Consejería de Economía, Tomás Machota Martín, fue el encargado bajo petición de Rafael Delgado , según ha afirmado, de elaborar el informe con el que la Junta recomendaba pasar de la opción de alquiler a la compra, la cual veía más rentable. Sus palabras fueron remitidas a Gesturcal, empresa a la que ha calificado de «mero pagador».

Por último, ha declarado el que fuera director gerente de ADE Benedicto González en los primeros pasos de la operación de la 'Perla Negra' que arrancó en esta empresa. En ese momento, para cerrar la adjudicación se exigió una nueva tasación a la entrega de llaves que la compañía que levantó el edificio descartó y se salió inicialmente del proyecto. Después se retomaría en Gesturcal con los vaivenes en torno al alquiler y compra. El funcionario descartó irregularidades en esa fase que él presenció, así como haber recibido presiones de los de arriba -lo cual negaron también el resto de testigos-. «No lo hubiera consentido», ha señalado antes de concluir al cierre de su exposición con el deseo de «un buen juicio y que sean ecuánimes».

Doce imputados se sentarán hasta mayo en el banquillo acusados de supuestos delitos de prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Se enfrentan a una petición conjunta de pena de 79 años por parte de Fiscalía. Las más altas, para los ex viceconsejeros, Rafael Delgado y Begoña Hernández, y el que fuera delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán, para los que el Ministerio Público solicita once años. Para el resto propone entre cuatro y seis de privación de libertad.