Los trabajadores de la Junta dispondrán de «asesores» contra el acoso sexual

Para canalizar los posibles casos, se implantarán una serie de «asesores» en las delegaciones territoriales y gerencias de salud. Los funcionarios tendrán así a su disposición a una persona que ya trabaje en esos mismos centros y, de forma «confidencial» y «voluntariamente», se encargará de prestar «apoyo, asesoramiento y asistencia» a quien crea encontrarse ante estas situaciones, explica el texto publicado ya en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Deberán ser personas «formadas específicamente» en esta materia -aún está por concretar cómo se hará- y en cada uno de los centros se dispondrá de una lista con los nombres a la que las posibles víctimas puedan acudir. Junto a ellos se constituirán en los mismos lugares «comités de asesoramiento» formados por cinco personas que serán los encargados de «la gestión y resolución» de las denuncias por la vía formal que se produzcan en su ámbito de trabajo.

Hasta allí llegarán los casos en los que el «asesor» haya visto suficientes indicios o los que acudan directamente a este órgano, que tiene tres días para reunirse una vez que haya recibido el caso.

El resultado, una vez vistas las pruebas y las entrevistas realizadas a implicados y testigos, será un informe que deberá elaborarse dentro de los treinta días naturales desde que se reciba la denuncia. En ese punto las opciones serán dos: el archivo del caso por falta de indicios o que el denunciante se eche atrás o la propuesta de sanción disciplinaria para el empleado 'acusado'. 

Ese será el trámite dentro de la administración, ya que el documento recuerda que el acoso sexual y por razón de sexo está tipificado como delito en el Código Penal y se «debe informar» al perjudicado de la posibilidad de dirigirse a la justicia ordinaria, donde se puede acudir independientemente de las opciones anteriores.

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Otra de las cuestiones que recoge el texto es que los funcionarios, independientemente de su categoría y área, deberán «sumarse» a los principios que inspiran este protocolo. Además, estarán «obligados» a colaborar con la prevención y con el esclarecimiento de los posibles hechos en la investigación de los mismos cuando así se les requiera, algo que ya ocurre para otros tipos de acoso laboral.

Por último, establece que todas las medidas adoptadas deberán tener un «seguimiento» y que se prestará una «especial atención» al apoyo y la «rehabilitación necesaria» a las víctimas. Además, una vez adoptadas las medidas disciplinarias pertinentes, el escrito explica que se evitarán "posibles hostilidades" en el puesto de trabajo.

Las medidas serán aplicables para todos los empleados públicos de la administración autonómica, pero también para quienes tengan relación laboral con ella, como profesionales en formación, prácticas o voluntariado.

En cuanto a dónde debe producirse el presunto acoso para que se active el protocolo, además del lugar de trabajo, se habla de las áreas acondicionadas para descanso, de alojamientos y de desplazamientos, además de en las comunicaciones.

Es en el anexo donde el documento incluye una lista "no exhaustiva" de referencia de lo que puede considerarse acoso sexual o por razón de género. Más allá de las insinuaciones o el contacto físico deliberado también incluye las amenazas a quienes quieran denunciar la situación o colabore en la investigación.

Se incluye, además, el "trato desfavorable" por cuestiones relacionadas con el "embarazo, la maternidad o los cuidados familiares", utilizar "expresiones sexistas" ,"descalificaciones públicas por razón de sexo", no dirigirse a alguien con el sexo con el que se identifica o "ridiculizar a las personas que desarrollan tareas tradicionalmente asignadas al otro sexo", entre otras cuestiones.

Aprobado por «unanimidad» entre la Junta y los representantes de los trabajadores, según recoge el propio documento, ayer el sindicato de funcionarios Csif lamentó que el protocolo haya visto la luz con «mucho retraso» respecto a su aprobación en la Mesa General de negociación el pasado mes de junio.

No obstante, su secretaria de Igualdad, Regina Álvarez, aseguró que servirá para «disuadir comportamientos no deseados» y valoró que se establezcan unos «plazos» para que, de «forma confidencial», se aporte protección a las posibles víctimas.