¿Por qué no terminan de llegar a los solicitantes las ayudas al alquiler de 2022 de la Junta de Castilla y León?

Un mayor volumen a manejar por los empleados públicos, recordó ayer Suárez-Quiñones, que se une a otros factores que también están influyendo en la resolución final que, subrayó, llegará. Ante las críticas alzadas en los últimos días por sindicatos o partidos políticos por el retraso en el abono de estos pagos, el consejero reiteró el compromiso de la Junta. «No está escrito cuándo hay que resolver las ayudas para el alquiler», defendió Suárez-Quiñones, quien, además, subrayó que Castilla y León es «la única comunidad autónoma» de régimen no foral que llega a «todos» los solicitantes que cumplen los requisitos. De hecho, en la convocatoria publicada en el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León) del 19 de octubre de 2022 se consigna un crédito inicial de más de 16,8 millones de euros -605.000 euros reservados para situaciones de vulnerabilidad sobrevenida- y se puntualiza que se podrá incrementar en otros 16,5 adicionales, condicionados «a la disponibilidad de crédito», sin necesidad de nueva convocatoria.

Estas ayudas al alquiler, matizó el consejero, son las primeras del nuevo plan estatal de vivienda 2022-2025, basado en un real decreto a través de un convenio firmado entre la Junta y el Gobierno y que «fue más tardío que los anteriores», apuntó en declaraciones recogidas por Ical. Además, señaló, también pesa en la tramitación la «acumulación de convocatorias», ya que el Ejecutivo central puso en marcha el bono vivienda joven, pero cuya gestión fue encomendada a las comunidades autónomas. Algo que supuso, recordó, gestionar más solicitudes. A la convocatoria se presentaron más de 16.000 en Castilla y León, de las que unas 12.000 se quedaron fuera, criticó ya entonces la Junta ante la falta de crédito. Además, aseguró que las lanzadas por el Gobierno tenían que ser resueltas antes que las de la Junta al ser compatibles hasta ciertos porcentajes.

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Además, el consejero recordó que la última convocatoria autonómica cambiaba la estructura, ya que antes los solicitantes tenían que hacer dos trámites -solicitud y después presentar la justificación para poder recibir el abono-, mientras que ahora aportan directamente esos justificantes de pago de la renta. Un procedimiento, insistió, «que ha llegado para quedarse».

Aún así, no significa que todos los que lo pidan tengan derecho a recibir la ayuda al alquiler, sino que han de cumplir unos requisitos. Hasta cinco órdenes pidiendo subsanación de errores ha lanzado la Consejería entre el 23 de junio y el 29 de septiembre, la última a más de 2.800 peticionarios.Suárez-Quiñones hizo estas declaraciones tras la presentación la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de viviendas de 2022, cuya lista saldrá publicada hoy en el Bocyl. Dotada con más de 1,9 millones de euros para proyectos en 39 comunidades de vecinos que suman 378 casas, destinados a realizar obras como cambio de ascensos, bajar a nivel de calle un elevador.... Permiten financiar hasta el 50 por ciento del coste de la actuación con un límite de 6.000 euros. La convocatoria correspondiente a este año saldrá el día 23, con unas condiciones y requisitos «semejantes» a la última y una dotación de algo más de tres millones de euros, avanzó.