No sé, no me acuerdo

Hoy esa misma expresión se ha convertido en una coartada pública. Políticos de todos los partidos, cuando son llamados a rendir cuentas por sus decisiones, por sus reuniones o por sus negocios, acuden a la fórmula mágica: «No sé, no me acuerdo». Dicen no recordar un correo, una llamada, un contrato, un nombre. Dicen no saber nada del tema que ellos mismos aprobaron, impulsaron o firmaron. Y así, con la apariencia de inocencia o de confusión, eluden la responsabilidad y neutralizan el riesgo de mentir abiertamente. No faltan a la verdad —dirán ellos—, simplemente «no la recuerdan».

Pero en esa ambigüedad calculada hay algo mucho más grave: el robo de la verdad a la ciudadanía. Porque cuando quien gobierna, quien administra lo público, se desentiende de los hechos con un «no sé, no me acuerdo», lo que está haciendo es negar a los ciudadanos su derecho a conocer la realidad y a controlar el ejercicio del poder. La verdad deja de ser patrimonio común para convertirse en un secreto de Estado, en una zona de sombras donde la memoria se vuelve selectiva y el olvido estratégico.

Vivimos una época en la que la memoria política es amnésica por conveniencia. Se recuerdan los éxitos, se olvidan los errores. Se evocan los discursos, se borran los actos. Se reescriben las biografías como si el pasado fuera una hoja de Excel en la que se pueden eliminar las celdas incómodas. Pero la verdad, a diferencia de la política, no se borra con facilidad. Permanece. Tarde o temprano sale a la luz, y cuando lo hace, suele arrastrar consigo la credibilidad de quienes la negaron.

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Esa táctica de la desmemoria interesada no solo degrada la política, degrada también la confianza pública. Si todo puede olvidarse, si nadie sabe ni recuerda nada, ¿cómo exigir rendición de cuentas? ¿Cómo creer en la palabra dada, en los compromisos asumidos, en las promesas repetidas? La democracia necesita memoria, responsabilidad y transparencia. Sin ellas, se convierte en un teatro de sombras en el que los actores fingen no saber su propio papel.

Quizá haya llegado el momento de reivindicar la memoria como un deber cívico. No basta con recordar los hechos históricos o los aniversarios solemnes; hay que exigir que quienes gobiernan no puedan refugiarse en la niebla del «no sé, no me acuerdo».

Porque detrás de cada olvido interesado hay un ciudadano al que se le niega la verdad. Y sin verdad, la democracia se vacía de sentido.