El Procurador del Común pide que los pacientes puedan tener «información actualizada» sobre su posición en la lista de espera
Tomás Quintana presenta el informe anual de la institución en las Cortes de Castilla y León, donde reclama además medidas ante el acoso escolar, para controlar las fugas de agua o mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda
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El Procurador del Común ha presentado este miércoles su informe anual relativo a 2024 en las Cortes de Castilla y León, un documento que recoge peticiones a la Junta sobre asuntos como las listas de espera sanitarias. En ese sentido, el presidente de la institución, Tomás Quintana, ha informado que tan solo en este apartado emitió en 2024 un total de 21 resoluciones en las que se exigían «medidas para agilizar su gestión» tanto en pruebas, como en consultas u operaciones o que los pacientes «que lo soliciten» pudieran disponer de «información real y actualizada» sobre su «posición y evolución» en la lista de demoras.
En el mismo apartado, Quintana ha explicado que también se promovió una actuación de oficio en la que se demandaba a la Consejería de Sanidad que se «corrijan las apreciables diferencias entre los distintos centros hospitalarios» para alcanzar una atención «basada en los principios de igualdad». Una reclamación que, «a la vista de la contestación», considera que ha sido «aceptada». En este área sanitaria, ha apostado por impulsar las «cesáreas humanizadas».
Están son algunas de las resoluciones que ha destacado desde la tribuna de oradores del hemiciclo Tomás Quintana, que ha explicado que en todo el ejercicio anterior la institución que dirige recibió un total de 1.918 quejas, de las cuales ocho fueron de carácter múltiple por el número de personas que presentaron reclamación, que dieron lugar a un total de 2.129 expedientes.
Un 12 por ciento rechazadas
En total, derivadas tanto de quejas como de las actuaciones de oficio -144 en 2024- iniciadas por la propia institución, se promovieron un total de 1.693 resoluciones. El 88,79 por ciento de las que fueron contestadas recibieron la aceptación por parte de las administraciones o entidades a las que se dirigían, pero el 11,21 por ciento rechazadas. Además, 569 resoluciones no recibieron contestación.
De nuevo la administración local es la que aglutina el mayor número de quejas, con más de 400, y León la provincia que presenta más reclamaciones, con un 21 por ciento del total.
A peticiones que se repiten año tras año, como las que tienen que ver con procesos selectivos de la administración pública o la falta de conexión a internet en algunos puntos de la Comunidad, se suman en esta ocasión otras como las que tienen que ver con el abastecimiento de agua. En este caso, el Procurador del Común ha dictado 97 resoluciones dirigidas a pueblos para controlar la contaminación del líquido elemento con nitratos y otras 60 para que los municipios vigilen posibles «fugas estructurales» en las redes de abastecimiento. También a los municipios más grandes se les demandó un censo de edificios con amianto para su «posterior eliminación».
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Especial hincapié ha hecho en el área de vivienda en «las dificultades de acceso a una vivienda por parte de los jóvenes», ante lo que el Procurador del Común impulsó una actuación de oficio, y el acoso escolar, un asunto para el que ha planteado la «apertura sin demora» de los protocolos de actuación ante la existencia de «indicios» o que el «cambio de centro escolar de la víctima solo debe acordarse por expreso deseo de la familia». Todas estas resoluciones figuran como aceptadas por la administración autonómica.
Quintana ha solicitado, además, otras cuestiones como que se tomen medidas para agilizar el tráfico en los centros escolares a la entrada y salida de los alumnos, que se lleven a cabo revisiones médicas previas a la participación de deportes, «aunque no sean de alto rendimiento» y en los juegos escolares, y, «preocupado por algunos siniestros acaecidos en los últimos años», se incrementen las «actuaciones de inspecciones» de las instalaciones de gas.
Por otra parte, dentro del área de agricultura, ha subrayado que durante el pasado año presentó dos actuaciones de oficio para tomar medidas «frente a la proliferación del topillo campesino y la avispilla asiática». En el caso de la segunda, ha indicado que es la primera vez que la institución solicita medidas para «erradicar los individuos de esta especie» y «ayudas» para los productores apícolas de las «zonas más afectadas».
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