Primer año del 'concierto' PP-Vox

Y de telón de fondo un pacto que ha supuesto que Castilla y León sea la primera comunidad en la que Vox entra en un gobierno, un hecho que ha generado que el foco político e informativo esté puesto de manera permanente en esta tierra, alimentado, además, por no pocas polémicas. Pero al margen de la 'popularidad' que algunos miembros de la Junta de Castilla y León (en el lado de los de Abascal) se han fraguado por sus declaraciones, el primer año de legislatura del Gobierno PP-Vox, arroja algunos datos objetivos en lo que se refiere a su actividad legislativa, como es la elaboración y aprobación por las Cortes de tres proyectos de ley, el de los Presupuestos de 2023 y el de Medidas Tributarias, así como el de Rebajas Tributarias. Para evaluar el resto de acciones, el Acuerdo de Legislatura sirve de guía.

El primer Consejo de Gobierno PP-Vox se estrenó el 21 de abril de 2022 con un paquete de medidas en materia económica para hacer frente a la crisis provocada por la guerra de Ucrania. 470 millones de euros para 75 actuaciones entre las que se incluía la rebaja del 9% del tipo mínimo del IRPF, una reducción que se aplica ya en la campaña actual y dejará 80 millones en el bolsillo de los contribuyentes en cuatro años. Esta actuación estaba incluida en el punto siete del acuerdo de disminución de los impuestos autonómicos.

Relacionada con el apoyo a la familia que recoge el pacto PP-Vox, también se ha cumplido la promesa de ampliar la educación gratuita para niños de uno a tres años, una medida que ya formaba parte del programa electoral del PP, al igual que el cheque bebé, ya en vigor, aunque incompatible con la desgravación fiscal por nacimiento o adopción. De reciente presentación es el Plan de acceso a la vivienda para jóvenes en Castilla y León (TUYA) que busca ayudar a la emancipación de los menores de 36 años, un objetivo para el que se contará con una inversión de 400 millones de euros que permitirá beneficiar a unos 40.000 jóvenes hasta el año 2026. También incorpora una línea de avales para cubrir hasta el 17,5% del valor de tasación de la casa.

El punto once del acuerdo hace referencia a la «reducción significativa del gasto institucional superfluo y la supresión del gasto público ineficaz o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos». Con este enunciado se suavizó el inicialmente previsto, en el que Vox apuntaba directamente a los sindicatos, los que, finalmente, junto con patronal y agentes sociales, han visto reducidas las subvenciones de la Junta en 20 millones de euros, según lo anunció el propio vicepresidente Juan García-Gallardo.

El primer año de la legislatura no ha sido fructífero en proyectos de ley, más allá de los citados de presupuestos y rebajas tributarias. Además, las 32 acciones acordadas por los socios de Gobierno eran más una demostración de principios y objetivos que de medidas concretas, ya que tan sólo se recoge la elaboración de una ley de desarrollo y competitividad rural y una de lucha contra violencia intrafamiliar, ambas pendientes. En este último caso había fecha para iniciar la tramitación del texto legislativo, el 31 de julio del pasado año, según establecía el acuerdo. Esta iniciativa legislativa, de especial interés para los de Abascal al apoyarse en algunos de sus principios ideológicos, 'arrancó' el 27 de julio con una consulta previa en el portal de Gobierno Abierto pero, de momento, no ha habido más avances.

Otra de las 'banderas' de Vox, el decreto de concordia «como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles» tampoco está ni se le espera, atascado desde hace meses en la Consejería de la Presidencia, donde el PP intenta frenarlo y evitar así el choque con el Decreto de Memoria Histórica, fraguado hace dos legislaturas por la Junta. También había fecha para este asunto, el 30 de junio de 2022, un plazo que se salvó un día antes con un comunicado de la Consejería en el que se anunciaba que «la Junta ha iniciado su tramitación» y, con ello, «se cumple el compromiso».

Las polémicas que han saltado los límites de la Comunidad han sido constantes en los últimos doce meses, en la mayoría de los casos con dirigentes de Vox como protagonistas y con asuntos que se repiten: la violencia de género, la mujer, los sindicatos y el cambio climático. Unas declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en las que reivindicó el papel de la mujer como «portadora y dadora de vida» fueron el primer detonante. Llegó después el anuncio de «una serie de medidas sanitarias relacionadas con el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias», según rezaba la nota de prensa, que incluía un «protocolo de latido fetal y registro cardiaco» con ecografías 4G para gestantes, del que la 'parte PP' de la Junta se desvinculó por completo, incluido el consejero de Sanidad, y que acabó por limitarse a una futurible extensión de los servicios que ya presta Sacyl. Precisamente, en estos asuntos de especial sensibilidad es donde más se ha percibido la distancia entre PP y Vox, como es en la negación de la violencia de género que hacen los de Abascal, que prefieren hablar de violencia intrafamiliar, para desasosiego de los populares, que han optado por hacer compatibles ambas 'violencias' a la hora de legislar.

En materia económica, al anuncio de reducir un 50 por ciento las subvenciones a patronal y sindicatos para diminuir en más de 20 millones de euros el gasto se suma la decisión de la Consejería de Industria, que dirige Mariano Veganzones (Vox) de eliminar algunos de los programas ligados al Diálogo Social, como el de prevención de riesgos u orientación laboral, y la de acabar con el Serla, organismo al que, en principio, se quiso dejar sin financiación bajo el argumento de que sus funciones las pueden realizar funcionarios públicos y para el que finalmente se han consignado 400.000 euros, insuficientes según los sindicatos.

La última polémica, también asociada a Vox hasta el punto de que la parte PP de la Junta se desentendió del asunto, fue la del concierto de la Culebra que, en principio, iba a ser benéfico y acabó por ser solidario con los afectados por los incendios que el pasado verano arrasaron 60.000 hectáreas y se cobraron cuatro vidas. Pero del cartel inicial –Markfeel, Naïa, Marlon, Fangoria y Fonsi Nieto– se fueron cayendo los artistas así que, finalmente, el concierto se suspendió.

Cuesta recordar un momento en el que las relaciones entre la Junta y el Gobierno de España hayan sido tan tensas. La entrada de Vox en el Ejecutivo castellano y leonés puso en pie de guerra a los partidos de izquierda y, por ende, al gabinete de Pedro Sánchez, vigilante de cuanto 'se cuece' por estos lares. Con el 'protocolo antiaborto' llegó el primero de los dos requerimientos a la Junta que en doce meses ha lanzado Moncloa. Después de amenazar, incluso, con aplicar el artículo 155 de la Constitución por considerar que las anunciadas medidas en favor de la natalidad atentaban contra la libertad de decisión de las mujeres, finalmente el Gobierno aceptó las explicaciones de la Consejería de Sanidad y el asunto no fue más allá. Con la eliminación del Serla llegó el segundo de los requerimientos y las amenazas judiciales de la propia vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.

Los incendios forestales han sido el último elemento de fricción, con ministros culpando a la Junta de los fuegos por una deficiente gestión. Precisamente, las recientes afirmaciones de García-Gallardo al recomendar a los estudiantes que se cuestionen si el CO2 es un gas contaminante se han sumado a la lista de la polémica.