La presidenta del TSJ cifra en al menos 30 los jueces que necesita Castilla y León

En su primer balance como presidenta del tribunal autonómico, Del Ser ha precisado que esas plazas son necesarias en primera instancia, pero también en audiencias provinciales, juzgados de lo penal y algunos otros órganos.

En todo caso, ha querido elogiar el esfuerzo de los jueces y magistrados de Castilla y León para cumplir su función «lo mejor posible, pese a las carencias de la planta judicial».

La presidenta también ha recordado que la Justicia ha vivido este año «tiempos de cambios» tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha desbloqueado nombramientos en varias instancias, entre ellas la propia Presidencia del TSJCyL, la Sala de lo Social de este tribunal en Valladolid y la de lo Contencioso en Burgos, además de los presidentes de las audiencias provinciales de Burgos, Segovia, Zamora, León y Soria.

Del Ser ha destacado también el reto que supone la implantación de los tribunales de instancia, en los que ya se está trabajando en Castilla y León, con su implantación en partidos judiciales con uno o dos jueces. En su opinión, es necesaria una «buena y rigurosa planificación» para evitar que se produzcan problemas en este cambio de la organización judicial, que convertirá a los jueces decanos en presidentes de juzgados de instancia. La jueza ha pedido también al Ministerio de Justicia que sea «sensible» ante las propuestas que lleguen sobre esta materia desde la carrera judicial.

Otro reto al que se ha referodo es el que supone la Inteligencia Artificial, que ha definido como «una nueva herramienta con sus retos y oportunidades». Ha considerado así que será «muy útil» para detectar, por ejemplo, pruebas falsas y fraudes sofisticados, al tiempo que ha pedido que se aplique también para mejorar el expediente digital. En su opinión, la clave estará en el equilibrio entre su uso sin quedarse atrás pero sin abusar de esta tecnología.

La presidenta del TSJCyL ha insistido también en la necesidad de seguir avanzando en la especialización judicial en violencia sobre la mujer, que ve «necesaria y urgente» para dar mejor respuesta a estos casos porque es necesaria una Justicia «que sancione, pero también proteja y acompañe a las víctimas».

Mientras, la Fiscalía de Castilla y León sitúa entre sus prioridades actuar contra las agresiones que afectan a profesionales médicos y del sistema sanitario, según ha afirmado el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, en su discurso en la apertura del Año Judicial en la comunidad. Detalló en este sentido que, según el Observatorio de agresiones, en 2024 se produjeron más de un millar a estos profesionales en Castilla y León, de las que en el 83% de casos las víctimas fueron mujeres. Para Mena, esta cifra es solo «la punta del iceberg», porque sigue habiendo «reticencias» a denunciar «por miedo» a futuras represalias.

El fiscal superior ha destacado también el incremento de actividad de la Fiscalía hasta llegar a 103.000 procedimientos penales, un 5,3% más que en 2023. Ese porcentaje es mucho mayor en el caso de la violencia contra la mujer, donde los casos se han incrementado un 17%, hasta llegar a 9.600 procedimientos.

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«Cada año, desde hace dos décadas, la violencia sobre las mujeres crece y con esas cifras se hace más incomprensible que algún sector político y social siga anteponiendo su ideología a la cruda realidad de las cifras y de los hechos, que por sí mismos debieran acallar las falacias que se pretenden proyectar sobre esta realidad», ha afirmado.

El fiscal superior se ha referido a los incendios forestales, que este verano han calcinado pueblos, patrimonio y, sobre todo, han costado vidas. Tras reconocer la limitación del sistema penal para responder a estas situaciones, ha pedido que se evite el riesgo de criminalizar al mundo rural y a algunos sectores y no reducir estos temas a la represión penal.

Mena ha expresado también su preocupación por la suspensión de juicios -8.249 en 2024- porque cada suspensión es «un fracaso del sistema» que perjudica al procedimiento y «provoca insatisfacción de los ciudadanos».