La ley, que vería la luz antes del mes de julio, ha sido consensuada por los dos socios de Gobierno con el objetivo de «honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978, un periodo que ha sido testigo de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales y que han marcado el devenir y la identidad de España, reconociendo así a quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos o sociales».
La iniciativa legislativa supondrá la derogación del Decreto de Memoria Democrática aprobado por la Junta en abril de 2018 bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera. A diferencia de éste, la propuesta de PP y Vox amplía el periodo a tener en cuenta a la II República Española y se crea la Comisión de Exhumaciones, que unifica el consejo asesor y técnico existentes hasta ahora, en la que no están incluidas las asociaciones de memoria histórica. No obstante, el artículo 4 de la ley se refiere a la «cooperación con entidades vinculadas a la concordia».
El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha insistido en que con la ley de concordia se busca «construir puentes del pasado al presente para promover la cultura de la paz, la tolerancia y el respeto, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia y el odio«. Ha matizado, además, que »no estamos en absoluto equiparando la II República con la dictadura«.
El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha insistido en que con esta iniciativa «se termina con una visión sectaria y sesgada de una parte de la historia». También se ha referido a otra de las novedades, como es la referencia expresa a las víctimas del terrorismo, ya que se elaborará un 'plan estratégico para la concordia democrática' en relación con los que sufrieron actos terroristas.
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