Pena de 27 meses de cárcel por estafa para la exedil que simuló trabajar en Hacienda y fingió romper aguas durante el juicio

Inés María se sentó en el banquillo a principios de julio, acusada de estafa. Tras cuatro aplazamientos de la vista, el día 11 de julio, llegó a simular una rotura de aguas por la que fue evacuada al hospital Río Hortega, donde comprobaron que se trataba de una simulación. Embarazada de siete meses, eso sí, pero sin el bebé aún en camino. Así que al día siguiente tuvo que volver para ver cómo el proceso quedaba visto para sentencia, ahora conocida.

Tras una relación de confianza entre la víctima y la que fuera concejala del PP en la guardería a la que asistían sus hijos, la víctima comentó a la acusada que su madre y otros familiares habían heredado un piso que querían vender, pero no podían efectuarlo al existir sobre él un embargo de Hacienda por importe de 10.041 euros, a causa de una deuda que tenía su madre.

Según se argumenta en la sentencia recogida por Ical, la acusada, guiada por su ánimo de enriquecerse y «faltando a la verdad», comentó a la víctima que trabajaba en un depósito fiscal y que contactaría con un «alto funcionario» para que su madre pudiera pagar fraccionadamente esa deuda. Siguiendo la estafadora con su fingido plan, se recoge en el fallo, dijo a la víctima que habían autorizado que fuera pagada fraccionada y mensualmente, para lo cual le facilitó una cuenta bancaria, haciéndole creer que era de Hacienda, pero siendo en realidad titular única la condenada. De esta manera y también a través de pagos en mano, la víctima entregó hasta 1.350 euros.

Como quiera que no se alzaba el embargo, a pesar de efectuar esos pagos fraccionados, y habiendo una persona interesada en la adquisición del inmueble libre de cargas, la víctima contactó a través de correo electrónico con el de ese figurado «alto funcionario», siendo en realidad la acusada quien se hacía pasar por él. De esta forma, la convenció para pagar el total de la deuda a través de tres ingresos en dicha cuenta e inferiores todos ellos a los 3.000 euros, que fueron abonados por la pareja de la madre.

Satisfecho el total de la deuda y convencidas de que los trámites se agilizarían para consumar la venta del inmueble, la acusada les comentó que los trámites llevarían alrededor de uno a dos meses, remitiendo poco después a la madre de la víctima una supuesta certificación fechada el en noviembre de 2011 de la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Madrid, en la que comunicaba que dicha deudora se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias. En esa misma fecha la acusada acudió al domicilio de la víctima y le hizo entrega de una aparente nota simple del Registro de la Propiedad en la que se hacía constar que ese inmueble ya estaba libre de cargas.

Cuando la «fingida» nota simple llegó a la inmobiliaria que gestionaba la venta del inmueble, el trabajador que gestionaba la venta sospechó de su autenticidad y acudió al Registro de la Propiedad, donde le confirmaron esa nota estaba modificada, por lo que procedió a interponer una denuncia.