La obligatoriedad de planes de igualdad dispara las sanciones de la Inspección de Trabajo

El Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, entró en vigor en 2019 para eliminar la desigualdad laboral y las brechas de género en las empresas para incidir, de forma directa, en la igualdad entre mujeres y hombres. Una de las principales modificaciones fue establecer los tramos para la obligación de tener un plan de igualdad. En concreto, se rebajó, de más de 250 a 50 o más, el umbral de personas trabajadoras de las empresas que obligatoriamente deben elaborar y aplicar un plan de igualdad.

Frente a la regulación hasta ahora vigente, donde no se determinaban las materias a contemplar por los planes de igualdad, la nueva ley estableció la obligatoriedad de un contenido mínimo, previo diagnóstico negociado con la representación legal de los trabajadores (sindicatos) desde cero, con referencias concretas a las condiciones de trabajo como las auditorías salariales, el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación y la infrarepresentación femenina. Además, se obliga a registrar el documento ante la autoridad laboral, que tendrá una validez de cuatro años desde la fecha de su aprobación.

El texto de la ley tipifica como infracción grave no cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad se establecen en el Estatuto de los Trabajadores o en el convenio colectivo aplicable. También, recoge las consecuencias derivadas de la nulidad de un contrato de trabajo por discriminación salarial por razón de sexo, precisando que el trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente al trabajo igual o de igual valor.

La aplicación del decreto para eliminar la discriminación por razón de género en el mundo laboral fue escalonada, por lo que primero se efectuó para las compañías de más de 150 asalariados en marzo de 2020 y para las de más de cien en 2021. Por último, en marzo de 2022, se cumplió el plazo para las empresas entre cincuenta y cien trabajadores. Hace un año, Comisiones Obreras (CCOO) de Castilla y León denunció, en vísperas del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, que solo el tres por ciento de las empresas de entre cincuenta y cien trabajadores había aprobado sus planes de igualdad, tal y como disponía la ley. En concreto, cifró que de las 523 compañías con ese tamaño, solamente 16 habían cumplido, en esa fecha, la norma que, a su juicio, tiene como objetivo eliminar la desigualdad laboral y las brechas de género. En cuanto al conjunto de las empresas, el sindicato precisó que menos de una de cada tres contaba con un plan, pese a estar obligadas.

El Ministerio de Trabajo reconoció que no dispone de datos estadísticos sobre el número de planes de igualdad registrados en las comunidades autónomas, aunque destaca la realización de una campaña específica a partir de 2020, a raíz de la aprobación de la ley para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, que ha aumentado las actuaciones de control y vigilancia. Además, precisó que, sin perjuicio de la actividad planificada por la Inspección de Trabajo, cualquier empleado que considere que «alguno» de sus derechos en esta materia ha sido «vulnerado» puede interponer una denuncia ante el ITSS para que pueda realizar las acciones «oportunas» para restablecer la legalidad.

Según los datos de la Delegación del Gobierno en Castilla y León solicitados por la Agencia Ical en la semana en que se celebra el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, la Inspección de Trabajo realizó el año pasado un total de 463 actuaciones para controlar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas en materia de medidas y planes de igualdad, que derivaron en la interposición de 26 propuestas de sanción. La mayor parte tuvo lugar en la provincia de Valladolid, al acaparar 18. El resto se reparte entre las cinco de Burgos, dos en León y uno en Soria mientras que en las provincias restantes no se ha detectado nada. El hecho de que Valladolid acapare casi el 70 por ciento se debe a que es la provincia con mayor peso industrial y con empresas de más tamaño.

Fuentes de la Delegación del Gobierno explicaron que la forma de actuar de la Inspección Trabajo es visitar a las empresas y comenzar por los requerimientos para que creen los planes de igualdad, que contempla la ley, para lo que se da un plazo de tiempo prudencial. Pasados unos meses, se repite la inspección a la empresa y de no haber avances, se procede a sancionar. De ahí que la mayor parte de las propuestas de sanción de 2022 se arrastra del año 2019, cuando entró la obligatoriedad de que las empresas de más de 150 trabajadores.

Añadieron que la Inspección de Trabajo es consciente que la elaboración de un plan de igualdad requiere de varios de meses al ser necesario crear una mesa negociadora, un trámite que se agiliza si la empresa cuenta con comité de empresas. En caso contrario, corresponde a una representación de los sindicatos.

Las actuaciones practicadas en 2022 son un 42 por ciento más que antes de la pandemia, ya que en 2019 se registraron 326 aunque la cifra bajó hasta las 267 al año siguiente y volvió a aumentar hasta las 364 en 2021. En este apartado, León es la provincia con más inspecciones al registrar 130 del total de 463, seguida de Valladolid (104) y Burgos (90). Cierran el listado de actuaciones Palencia (55), Segovia (27), Salamanca (21), Soria (19), Zamora (quince) y Ávila (dos).

Además, el número de de requerimientos realizados para la subsanación de las deficiencias observadas fue de 127 en toda Castilla y León, una más que el año anterior pero inferior a las 139 de 2020. Eso sí, son el doble de las 64 registradas en 2019. El mayor número de apercibimientos tuvo lugar en Burgos, con 40, mientras que León y Valladolid contabilizaron 21, en cada caso. A continuación, aparecieron los 18 de Segovia y los once de Palencia. Se completan con los seis de Zamora, los cinco de Salamanca, las cuatro de Soria y uno en Ávila.

La Delegación del Gobierno puso el acento en los requerimientos al apuntar que cuando la Inspección de Trabajo abre este trámite es por que la empresa no ha iniciado la elaboración del plan de igualdad o está incompleto, ya sea el diagnóstico, la auditoría o el registro retributivo, entre otros. «Si una vez cursado un requerimiento, no se subsana la deficiencia se procede a la sanción», precisó.

De las cifras de la Inspección de Trabajo facilitadas a Ical, se desprende que de las 26 propuestas de sanción del año pasado significaron multas por importe de 41.079 euros, repartidos entre los 27.202 euros por irregularidades detectadas en la provincia vallisoletana; 8.626 euros en Burgos y 2.500 euros en Soria. La cuantía total propuesta en 2022 es un 68 por ciento que la registrada en 2021 (24.355 euros) y muy superior a los de los ejercicios 2020 (4.125 euros) y 2019 (6.250 euros). Son sanciones poco elevadas pese a ser infracciones graves y eso que las cuantías se incrementaron un 20 por ciento en octubre de 2021.