Mañueco amenaza a Puente con los tribunales por las paradas de bus
El presidente de la Junta consideraría un «desprecio infame» la eliminación de 346
Puente rechaza el rescate de la AP-9: costaría 4.000 millones y ya es «inasumible»

A la «larga lista» de «agravios» que la Junta de Castilla y León considera que sufre por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, añadió ayer la supuesta pretensión del Ministerio de Transportes de «suprimir» 346 paradas de autobús de líneas interurbanas que pasan por la Comunidad. Y avanzó que se avecina pugna, primero política -con iniciativas en el Congreso, Senado, Cortes, diputaciones y ayuntamientos-, «y si es necesario iremos a los tribunales de justicia para defender a la gente de nuestra tierra, de nuestros pueblos».
El dibujo de ese mapa con menos paradas no es nuevo, pero las declaraciones este martes del ministro del ramo, Óscar Puente, en el Senado para dar cuenta de las líneas generales de la política de su departamento volvieron a poner el asunto de la polémica en el centro del escenario del desencuentro, con la campaña de las europeas del próximo 9 de junio como telón de fondo. Y es que si bien Puente abogó por la «colaboración» entre Gobierno y comunidades para coordinar las redes de transporte por carreteras de ambas administraciones en el contexto de la renovación del mapa concesional, no ahondó en si se actualizará o es inamovible esa criticada propuesta que arrastra de 2022.
La línea de trabajo, dijo, es «llegar a un nuevo» diseño y llamó a la «cooperación» para cubrir servicios que desaparecerán y que consideró que son «competencia autonómica».
Unas palabras que han escocido en el seno de la Junta. Como «otro palo más» y «un desprecio infame» para Castilla y León «que no vamos a consentir» lo calificó Mañueco. «Le vamos a decir 'no' a Puente», sentenció el también presidente del PP de Castilla y León en un acto de campaña, apuntando a llevar ante la Justicia al Gobierno también por este asunto, como ya ha avanzado que hará con la ley de amnistía o la condonación de 15.000 de euros a Cataluña.
También la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, afeó a Puente que pese a mostrar su voluntad e «estrecha» colaboración con las comunidades, lo que hayan recibido hasta ahora sea la «callada por respuesta». Y es que, dijo en declaraciones recogidas por Ical, siguen sin tener contestación las diversas cartas enviadas al Ministerio para abordar temas que afectan a la Comunidad, entre ellos esas paradas puestas en cuestión. Y ya anticipó que será «difícil» el acuerdo si pasa por mantener el borrador inicial, que no ha sufrido modificación alguna, con eliminación de paradas. «No podemos permitir que, en un nuevo mapa, se eliminen paradas en el medio rural mientras nosotros apostamos por un medio de transporte más eficaz, más sostenible, como autobuses más modernos», sostuvo González Corral.
Tras estas declaraciones, desde el Ministerio de Transportes aseguraron a Ep que no se van a suprimir paradas de autobús en pueblos de Castilla y León y sostuvieron que negocian con la Junta para que se haga cargo de estas competencias, para lo que proporcionarán los fondos necesarios. En su comparecencia en el Senado, Óscar Puente alegó que se trata de «tráficos intermedios» e instó a un trabajo conjunto en los próximos meses para coordinar mapas. Cifró en 25 millones de euros el mecanismo de compensación a las autonomías por «integrar en sus redes aquellos» servicios que se supriman, los que añadió 15 millones de los ingresos por la venta de billetes.
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