Un juzgado incoa diligencias previas por la supresión de frecuencias de AVE en la estación de Sanabria (Zamora)

Un Juzgado de Zamora ha incoado diligencias previas por la supresión de frecuencias de AVE en la estación de Sanabria (Zamora) tras la denuncia presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y diversos colectivos sociales zamoranos como TerraSOStenible, Viriatos Zamora y Agricultores y Ganaderos Libres.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de la capital zamorana ha emitido un auto (fechado el 10 de junio de 2025) por el que acuerda incoar diligencias previas al observar la posible existencia de un «delito sin especificar», trasladando así el proceso a manos de la Fiscalía, han informado a Ep fuentes de Viriatos Zamora.

Este nuevo auto judicial implica «un avance significativo» para los denunciantes, ya que, a diferencia de la desestimación inicial de su recurso de reforma del 12 de julio de 2025 (relacionado con la medida cautelar), el juzgado ahora sí considera que existen elementos suficientes para iniciar una investigación judicial más profunda.

La Fiscalía será la encargada de determinar la naturaleza exacta del presunto delito y las responsabilidades, ha agregado las mismas fuentes.

«Estamos satisfechos con este auto, que confirma lo que veníamos denunciando: la supresión de estos servicios de AVE va más allá de una decisión administrativa y podría constituir un ilícito penal«, han manifestado los representantes de las organizaciones, que han añadido que es «una victoria inicial» para los ciudadanos de Sanabria y la comarca, «que ven cómo la justicia toma en serio la gravedad del abandono de un servicio público esencial».

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Las organizaciones denunciantes han recordado que la eliminación de las paradas del AVE de las 8.46 y 9.35 horas (salida desde Otero de Sanabria) y la llegada de las 8.15 horas suponen un grave perjuicio para el acceso a servicios tan fundamentales como la sanidad y la educación en la comarca. Han subrayado además que la línea de AVE entre Madrid y Zamora, desde diciembre de 2022, está declarada como Obligación de Servicio Público (OSP), «lo que implica una garantía de servicio» que, han asegurado, Renfe no está cumpliendo, «a pesar de recibir compensaciones millonarias del Gobierno».