La Junta no recurre la orden del Gobierno y así poder mover ganado

Desde el Ejecutivo autonómico no comparten el planteamiento del Gobierno central, pero han decidido «no» oponerse al requerimiento ministerial «para que de esta forma decaiga» lo «antes posible» esa limitación al movimiento de ganado, ha explicado este jueves el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

Lo hacen, ha dicho, porque desde la Junta «coincidimos plenamente con la posición que mantienen tantos ganaderos» sobre que la orden del Ministerio «limita extraordinariamente la movilidad» y «causa perjuicio» al sector.

Según los datos del Sindicato Veterinario de Castilla y León ofrecidos este jueves, los efectos de esa medida de limitación de movimientos al ganado ya son «devastadores» y pueden ser «millonarios». Sólo en Salamanca -con una gran cabaña vacuna y donde la incidencia de la tuberculosis presenta unos índices más elevados-, «cada día que pasa se ponen en riesgo cerca de 200.000 euros», han señalado.

«Cualquier iniciativa» desde la Junta «será positiva para el sector ganadero y para el sector productivo de Castilla y León», ha defendido Carriedo, quien ha señalado que al «no» oponerse al requerimiento se vuelve a la regulación anterior al 15 de mayo, cuando se comenzó a permitir una movilidad menos restrictiva.

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Desde la Junta siguen abogando por aplicar el «principio de flexibilidad» en la regulación que rige los controles de la tuberculosis bovina, como la planteada en la norma tumbada de momento por el Ministerio con el objetivo, han señalado desde el departamento de Luis Planas, de «evitar poner en riesgo el estatus sanitario de la cabaña ganadera».

Además, el Gobierno central tiene planteado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la resolución autonómica. A la espera de que el proceso judicial se resuelva, Carriedo ha argumentado que han decidido no oponerse al requerimiento ministerial, aunque siguen abogando por esa «flexibilización hasta donde lo permita la ley».

Por su parte, el Consejo General de Colegios Veterinarios de Castilla y León ha mostrado su apoyo al jefe de Sección de Sanidad Animal de Salamanca ante «los continuos ataques y amenazas personales que viene sufriendo por algunos ganaderos» por esta cuestión.