La Junta de Castilla y León presenta ante el Constitucional el recurso contra la ley de Amnistía

Además, ha anunciado también que el Ejecutivo regional ha pedido la recusación del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y de otros dos miembros del Tribunal que han formado parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora general Laura Díez, ya que considera que «deberían abstenerse por su acreditada vinculación con el asunto recurrido».

«En defensa del Estado de Derecho y del principio de igualdad entre todos los españoles, pilares básicos sobre los que se asienta nuestra Constitución, la @jcyl ha registrado hace unos minutos el recurso contra la Ley de Amnistía en el TC», ha explicado este martes Mañueco en su publicación sobre el recurso que Castilla y León ha podido presentar una vez que se tuvo el dictamen favorable del Consejo Consultivo autonómico.

El recurso se argumenta en cuatro grandes bloques, en el primero de los cuales se acredita la legitimación de la Comunidad para realizar esta actuación. Después, se incluye una crítica jurídica al texto legal en su conjunto respecto a la aplicación de la amnistía por no estar como tal prevista en la Constitución. Se reprocha, en este sentido, la utilización de un modelo de ley conocido como singular «para unos supuestos en los que no tiene encaje, con una errónea apreciación de las circunstancias de interés social que dicen perseguirse». Una vez hechas estas observaciones generales, el documento continúa con la impugnación de previsiones concretas de la ley en algunos de sus preceptos, y concluye con la de sus disposiciones, que también infringirían.

Noticia Relacionada

Tudanca, sobre el recurso de la Junta al Constitucional contra la Ley de Amnistía: «Cuando llaman a esas puertas se las cierran en las narices»

Miriam Antolín

El secretario del PSOE en Castilla y León considera que el Alfonso Fernández Mañueco «pone a la Junta al servicio de Feijóo y de Génova»

De esta forma, el Gobierno regional considera que la ley de Amnistía, «de forma interesada y arbitraria, quiebra el principio de igualdad». Por ello, se consideran vulnerados los derechos de las personas físicas o jurídicas de esta tierra que residen o trabajan en Cataluña y que se ven afectados por dicha norma.

En esa comunidad existe, explicó sobre el recurso hace días el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, una Federación de Casas de Castilla y León, además de diez casas regionales y una entidad cultural castellana y leonesa. También están afectados los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que allí actuaron, algunos de ellos procedentes de la Comunidad.

Otro de los aspectos en el que Gago, en cuyo departamento se incluyen los servicios jurídicos de la Junta, insistió especialmente es en el hecho de que «la figura de la amnistía no aparece en la Constitución», por lo que se entiende que con la ley «se quiebra el Estado democrático».

En este sentido explicó que en la Carta Magna tampoco se habla de la esclavitud, pero se entiende que está prohibida. «No hay que suponer que todo lo que la Constitución no tiene hay que regularlo porque las Cortes actuales no pueden situarse como poder constituyente», señaló. Por lo tanto, concluyó, se está produciendo «una modificación constitucional encubierta».