La Junta ve «muy grave» el silencio del Gobierno frente al 'cupo' que exige Cataluña

El también portavoz de la Junta insistió en que Castilla y León defiende una «financiación sin privilegios», que recoja la «igualdad entre españoles», la «cohesión territorial» y la «solidaridad», algo que confronta, dijo, con la propuesta catalana. Además, subrayó la idea de que «los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios» y se hace en «función de la capacidad» contributiva de los ciudadanos. A la vez, expresó que los servicios se prestan teniendo en cuenta las «necesidades», independientemente de donde se resida. Por ello, aseguró, «nadie entendería que en un barrio se dieran mejores servicios porque paga más impuestos».

En ese sentido, se mostró contrario al modelo que plantea el presidente catalán y afirmó no entender el «silencio» que mantiene el Gobierno central a este respecto, cuando, además, quien lo detalla «ya ha anunciado que no estará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)». Todo ello, dijo, cuando «con este Gobierno ha habido tan solo una reunión de ese órgano, ninguna de la Conferencia de Presidentes y cuatro encuentros con Puigdemont en Suiza», criticó. «Esa no es la forma de garantizar la igualdad entre los españoles», reiteró.

En ese sentido, Carriedo exigió la convocatoria de los presidentes autonómicos para abordar el modelo de financiación «entre todos» en «condiciones de igualdad». «No se puede seguir gobernando bajo la presión, la amenaza y la necesidad de otorgar réditos y ventajas para garantizar un apoyo parlamentario para que siga siendo presidente del Gobierno», censuró también el portavoz de la Junta.

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Por otro lado, el consejero de Economía aseguró haber pedido ya «explicaciones» al Ejecutivo central del desfase entre las entregas a cuenta que se comunicaron y las recibidas finalmente. Según los cálculos de Carriedo, se trata de 51,3 millones de euros menos de lo anunciado al mes que no llegan a las arcas regionales, debido a que se está haciendo de acuerdo con los Presupuestos Generales de 2023, que están prorrogados.

A la cantidad que se dejó de percibir en enero, hay que sumar la de febrero y, previsiblemente, también la de marzo. Por lo tanto, en el primer trimestre se contabilizaría un desequilibrio de 154 millones de euros. Una problemática a la que se enfrentan también «el resto de autonomías», señaló.

El problema está, indicó, en que la administración regional está haciendo frente a pagos de 2024, un ejercicio con un contexto de «alta inflación». Por ello, consideró que, pese a que desde el Gobierno de la Nación se haya renunciado ya a presentar unas Cuentas para este año, se deberían buscar «fórmulas» para «solucionar» la situación y actualizar las cantidades para financiar los servicios.