La Junta de Castilla y León celebra que pueda rebajarse la protección del lobo y carga contra el Gobierno

El consejero ha denunciado la postura del Gobierno socialista en lo que ha calificado como «una huida ideológica hacia adelante». «Es un abandono de la ganadería y del medio rural de España y, desde luego, de Castilla y León», ha censurado Suárez-Qjuiñones, quien ha afeado que haya sido uno de los países que se ha pronunciado «en contra de la ganadería y del medio rural». Aún así, ha apostillado, «no ha conseguido» evitar que la Unión Europea continúe «dando pasos hacia la coexistencia del lobo y con la ganadería».

Aunque aún queda un largo camino por recorrer, empezando por la ratificación prevista para este jueves por parte del Consejo de Ministros de la UE a lo acordado en la reunión de embajadores de los países miembros (Coreper). Después será el Comité Permanente del Convenio de Berna –integrado por 50 países– el que debe dar luz verde y, de ahí, a trasladarlo a la directiva europea Hábitat.

Pero, por el momento, desde Castilla y León «agradecimiento» a los 21 países que han respaldado aligerar la protección del canis lupus. Y es que desde la Junta ven una ventana a la esperanza para que se hagan realidad sus reclamaciones de que el lobo vuelva al estatus anterior a septiembre de 2021, cuando entró a formar parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y dejó de ser también cazable, a través de cupos, en el norte del Duero.

Precisamente, Suárez-Quiñones ha recordado que la Directiva Hábitat (de 1992) determinó que el lobo quedaba «estrictamente protegido» en «todo» el territorio de la UE, salvo al norte de este cauce y un «pequeño territorio» de Grecia. Y desde entonces, ha incidido, esa gestión del cánido a través de la caza había logrado un «equilibrio» entre la conservación de la especie y la «protección» y «limitación» de los daños a la ganadería en extensivo. Sin embargo, ha reprochado, en 2021, «de forma voluntaria», sin norma europea que obligara y a través de una «intervención ideológica», el Gobierno «decidió endurecerlo», extendiendo al conjunto de España la «estricta protección». Castilla y León y el resto de comunidades 'loberas', que ya se opusieron a esa catalogación del cánido, emprendieron una lucha en Europa en busca de apoyos para revertir una protección a la que se opusieron desde el inicio.

Algo, ha lamentado el consejero, que ha «conllevado importantes incrementos» en los daños a la ganadería, con un 30 por ciento más de ataques en ese año. Sólo en el primer trimestre de 2024, 1.762 incursiones certificadas se llevaron por delante la vida de 2.393 reses en Castilla y León, según los datos de Medio Ambiente, y con las quejas de los ganaderos que aseguran que «nunca ha habido tantos ataques como ahora». Algunos, hasta el punto de tirar la toalla y vender sus reses. La decisión de ayer, valoró Suárez-Quiñones, supone «un paso muy importante» para hacer realidad las demandas de la Comunidad.