El juicio de las eólicas comenzará en septiembre y tendrá cincuenta sesiones

El juicio, cuyo calendario ha sido notificado a las partes, comenzará el 15 de septiembre. Durante ese y el siguiente día se abordarán cuestiones previas y posibles acuerdos de conformidad.

Las vistas se reanudarán el 29 y el 30 de septiembre. En octubre, habrá sesiones los días 1, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28 y 29; mientras que en noviembre el tribunal seguirá recabando testimonios y pruebas los días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial cerrará el año con nueve sesiones más, los días 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16 y 17. Una vez pasadas las Navidades, se encarará la recta final del juicio con vistas los días 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28.

El pasado 19 de abril del 2023 el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid dio por concluida la instrucción del caso y elevó la causa a la Audiencia Provincial, órgano competente para celebrar el juicio. A través de una providencia, el magistrado acordó remitir la «causa compuesta de 11.057 folios, conforme a lo previsto en el artículo 784.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Audiencia Provincial junto con, en su caso, las piezas separadas correspondientes, quedando a disposición del órgano judicial al que le corresponda el conocimiento de esta causa, si los hubiere, los efectos, los objetos intervenidos y las cantidades consignadas y/u ocupadas».

En noviembre de 2021, el instructor decretó la apertura de juicio oral contra los 16 acusados, cuyas peticiones de penas suman 138 años de cárcel y 848 millones de euros de multas. En aquel auto de 77 páginas, que recogía todos los escritos de acusación, el magistrado, además de decretar la apertura del juicio, les dio diez días a los investigados para depositar las fianzas para cubrir esos más de 848 millones de multa en la parte que les corresponda a cada uno de ellos, tal y como pedía la Fiscalía Anticorrupción, a lo que se sumaba la Abogacía del Estado.

El escrito, como solicitaba la Fiscalía, también señalaba a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiaria de aquellas indemnizaciones exigidas al exviceconsejero y secretario general de Economía, Rafael Delgado, siempre que este no las satisfaga. En concreto de algo más de 24,1 millones de euros, de los cuales 11,2 millones serán solidariamente con Iberdrola Renovables de Castilla y León, 7,84 millones de euros solidariamente con Sinae Inversiones Eólicas y cinco millones más, también solidariamente, con Parque Eólica la Boga.

La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es la solicitada para Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, como cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo, Tomás Villanueva, ya fallecido según recoge Ep.

Le siguen Alberto Esgueva, con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.

En la lista de imputados figuran otros ocho con seis años de cárcel de solicitud de pena, como es el caso de Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, al que se piden 100 millones de multa; Rafael Icaza, de Ibercyl, también con idéntica petición de multa; Francisco Esguveva, al que se piden 60 millones; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa y a los que se piden 45 millones de multa; Pedro Barriuso, de Biovent, 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, expuesto a una multa de ocho millones.

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Además, Fiscalía Anticorrupción interesa cuatros años de cárcel y 721.000 euros de multa para el empresario Marc Nodelar, de Solar Land Word SL, e idéntica pena privativa de libertad y 215.000 euros para María del Mar Moreno, esposa de Alberto Esgueva, mientras que para Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta, se solicitan diez años de inhabilitación.

La supuesta 'trama eólica' tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos.