El juez ratifica que el PP de Salamanca y su presidente sigan investigados
Rechaza los recursos y confirma que Javier Iglesias tendrá que declarar por presunta financiación ilegal
J. M. A.
Valladolid
La investigación por la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca, que en su día fue archivada, seguirá su curso después de que la Audiencia Provincial haya rechazado los recursos presentados tanto por la propia formación como por el presidente de la misma, ... Javier Iglesias, y la gerente de la misma, Isabel Sánchez.
Precisamente, esta diligencia pendiente de resolverse desde hacia meses fue el motivo esgrimido el pasado enero para que rechazasen declarar en los juzgados. Ahora, una vez conocido el pronunciamiento de la Audiencia, el juez instructor tendrá que poner de nuevo fecha para que pueda interrogarles sobre unas supuestas «donaciones anónimas ilegales» para actualizar las cuotas de afiliados y que estos pudieran participar en el proceso de primarias del PP de Castilla y León de 2017.
En el auto emitido en noviembre de 2021 y tras las averiguaciones realizadas en su momento, concluía que habría desde 7.090 euros hasta 24.140 euros «sin justificar» destinados a actualizar las cuotas de «afiliados morosos» para que pudieran participar en el proceso, mientras que los investigados mostraron su confianza de que el caso «sea archivado» al considerar que el pago de deudas (cuotas) a terceros «está expresamente permitido por nuestro Código Civil» y que «su ajuste a la legalidad ya fue refrendado por la propia Audiencia Provincial de Salamanca» en su día.
En el pronunciamiento conocido este jueves, se deja claro que «en ningún caso las diligencias practicadas suponen un anticipo de la actividad probatoria a practicar en su caso». Frente a los recursos que coinciden en afirmar que «todos los pagos se encuentran justificados» y que «nunca, con carácter previo, se habían cuestionado por nadie», la Audiencia Provincial esgrime que la declaración de ambos como investigados -y del propio PP- «puede ser útil para la averiguación de los hechos», por lo que «no se considera superflua», como pretendían que se considerara con sus recursos.
El Partido Popular de Salamanca ha destacad ayer que el auto «reitera en diversas ocasiones que la citación a declarar en calidad de investigado es una garantía procesal del derecho de defensa», mientras que la secretaria de Organización del PSCL, Ana Sánchez, se ha preguntado si el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «está capacitado éticamente para ser presidente de Castilla y León», después de acusarlo de ser un «tramposo».
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